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“Ahora llevo la mayor parte del tiempo defendiéndome en los medios de prensa, llaman los congresistas. Mañana tengo que ir al Congreso por un tema, el miércoles por otro, he tenido que suspender mi viaje a México porque quería estar con ustedes, tengo que cumplir también con el Congreso de la República. No tengo miedo a nada”, explica el Fiscal de la Nación a 34 presidentes de las juntas fiscales del país el último 3 de setiembre por la mañana.

 

El primer lunes de septiembre, en el piso 11 del edificio central de la Fiscalía funciona la Escuela del Ministerio Público. Aquel día se realizó allí el llamado “Encuentro Nacional: Política institucional para la función fiscal”.

 

Fuentes consultadas para este reportaje confirmaron que la reunión a la que acudieron los 34 presidentes de las juntas de fiscales del país habría buscado únicamente blindar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, con un documento que luego se haría público, que llevaría sus firmas pero que, para su mala suerte, nunca se concretó.

 

Para entender esta reunión hay un dato clave y es que aquel día el fiscal de la Nación estuvo acompañado de Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Aladino Gálvez Villegas, dos de los cinco fiscales supremos del país y que Chávarry también integra. Los dos restantes, y que no estuvieron aquel día, son el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. La razón de sus ausencias es un misterio, aunque desde julio parece haber una irreconciliable división en el más alto nivel del escalafón del Ministerio Público.

 

“La última denuncia que han hecho en mi contra es que yo pertenezco a una organización criminal ‘Los Cuellos Blancos’. Es una imputación muy seria pero también muy alegre de parte de personas que ya en su momento van a tener su lugar”, afirmó Chávarry frente a los fiscales.

 

En su alocución, el fiscal Chávarry critica sin miedo un dardo que días antes le propinara desde su propia institución el informe de la fiscal de Crimen Organizado Sandra Castro que lo incluye como miembro de la banda ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, dedicada a traficar influencias, recibir dinero de sobornos y cuya intención era llenar de corrupción el Poder Judicial y el Ministerio Público.

 

Visiblemente consternado, el fiscal se refiere entonces a un reportaje periodístico que cuestionó la labor del exfiscal del equipo especial que ve el caso Lavajato, Hamilton Castro. Lo hace a pesar de que poco después, su propio órgano de control desmentiría la perdida de evidencias de allanamientos de ese grupo fiscal.

 

“Se han perdido pruebas, yo ya le he dicho al doctor Germaná, de Control Interno, que haga las averiguaciones del caso para determinar la responsabilidad de quienes habrían intervenido en eso, pero parece que no les gusta que uno ejecute, que uno investigue, que uno encuentre responsables”, expresó Chavarry durante la reunión.

 

La defensa de Chávarry por Gálvez y Monteza

 

Luego, y como si ya no lo supieran, el fiscal explica airadamente a su audiencia la razón por la que deben analizar con neutralidad las declaraciones que lo incluyen como miembro de la banda criminal.

 

“Estos actos se tienen que corroborar, ustedes como saben, los actos de colaboración se tienen que corroborar, no es cuestión de lanzar una piedra al aire y decir él es responsable. Y eso es lo que ha sucedido. Simplemente tomaron una versión y la han lanzado al aire”, afirmó.

 

Seguidamente, Chávarry pide a su colega Tomás Aladino Gálvez tomar la palabra. Todo parece coordinado.

 

“No sé si quieren realizar alguna pregunta para dar una respuesta. No sé si mis colegas quieran expresar algo al respecto, el doctor Tomás Gálvez, le voy a agradecer.

 

Tomás Gálvez toma la palabra y expone ante el resto de fiscales: “Hay una oposición firme y muy fuerte en contra del dr. Chávarry para que continúe como fiscal de la Nación, pero nosotros tenemos que evaluar qué es lo que realmente conviene”, afirmó.

 

Recordemos que Gálvez Villegas es una de las voces que aparecen en los audios de la corrupción, en llamadas con el cuestionado y suspendido juez supremo César Hinostroza, pidiendo favores y coordinando apoyo para algunas cosas. Precisamente, él aprovecha para referirse a estas acusaciones.

 

“Yo también he sido comprendido en audios con el doctor Hinostroza porque trabajábamos en la Academia. Pero yo también he tenido una relación de años porque postulamos hace mucho tiempo a fiscales supremos. Y en esas condiciones nos hemos reunido, nos hemos comunicado y en algunos casos, que ya ustedes seguramente conocen, hemos hablado cosas un poco que pueden tener un sentido distinto al propio contenido de la conversación. Porque puede generarse una hipótesis en uno y otro sentido, pero eso obviamente hay una denuncia constitucional, ya voy a explicarlo en su momento. Y puedo decirles que yo no he hecho nada indebido, nada malo.

 

Parecen discursos con un claro objetivo: deslindar culpabilidades y ofrecer, en cambio, la posibilidad de hacer público un único mensaje. Gálvez continúa y formula la posibilidad de un pronunciamiento.

 

“Si hay un compromiso de trabajo conjunto hacia delante, hacia el futuro, yo creo que tenemos que pronunciarnos en ese sentido. Ustedes también tienen su postura. Yo creo que ustedes acá pueden traer una voz reflexiva. Porque lamentablemente, si las cosas van a seguir así como están, el Ministerio Público no va a poder trabajar adecuadamente”, expresó.

 

Gálvez, finalmente, aprovecha para cuestionar la labor de su colega y exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

 

“Lamentablemente hay una intención de perjudicarnos, particularmente a nosotros. Hay un temor a las investigaciones. ¿Eso qué revelaría? Tal vez no se estaba investigando como era debido y por eso se quiere que continúe en esa situación.

 

El siguiente en hablar fue el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, quien en julio, y tras la difusión de los audios con los que se ha encarcelado ya a 12 personas, allanó las oficinas de IDL queriendo extrañamente incautar el material. Él defiende así la designación su jefe.

 

“La designación desde el punto de vista legal del Doctor Chávarry, debe ser respetada. Esa ha sido mi posición, que la junta no está en condiciones de cuestionar esa decisión. Independientemente de otras circunstancias, no tenemos esa facultad”, recalcó.

 

Tras ello, el moderador pidió a los presidentes de las 34 juntas de fiscales expresar su opinión sin temor. El primero en hacerlo fue el de Ventanilla, Javier Huamaní Muñoz.

 

“No hay tal divisionismo, no hay tal sectarismo, solo una institución fuerte como la que usted, con mucho amor, con sus más de 40 años de servicio, representa. A Gonzalo Chávarry Vallejos, fiscal de la Nación, se le respeta; a la gestión del fiscal de la Nación, se le respeta, al Ministerio Público se le respeta”, afirmó el presidente de la Junta de Fiscales de Ventanilla.

 

Huamaní, Jesús Mavila, Guillermo Castañeda y Carlos Álvarez, presidentes de las juntas de fiscales de Cañete, Piura y Tumbes, respectivamente, fueron los únicos 4 de los 34 colegas que firmaron el acta que, al final del día, después de haber almorzado y deliberado, respaldó la gestión del fiscal de la Nación.

 

Por cierto, Huamaní organizó el viernes una misa de su institución en la Parroquia San Pedro de Nolasco de Ventanilla, para reconocer la autonomía del Ministerio Público. Allí, entre el nerviosismo y el apuro, pareció olvidar su grandilocuente admiración a Pedro Chávarry.

 

El jueves, sin embargo, los presidentes de Cañete y Tumbes, que días antes habían respaldado al fiscal de la Nación, cambiaron su posición y firmaron, junto a otros 25 colegas, una carta en la que le piden adoptar una decisión acorde a los intereses y bienestar de la institución. ¿Qué mensaje trae esta misiva, sobre todo cuando antes no firmaron el acta que iba a asegurar a Chávarry en el máximo cargo que puede ostentar un fiscal, quizá el último de su carrera pues se jubilará el 2021?

 

¿Cuánto costó la reunión?

 

Más de 30 mil soles se gastaron en esta actividad en la que debía tratarse asuntos presupuestales y logísticos de las fiscalías, pero que al final dedicó menos de media hora para estos temas. Cada fiscal que llegó de provincia recibió 760 soles de viáticos para los tres días que estuvo en Lima, ello sin contar los pasajes en avión o bus.

 

Ellos, además, fueron invitados a firmar el acta en cuyo punto 3, como lo han referido fuentes a Punto Final, evidenciaba el respaldo al fiscal Chávarry. Sin embargo, la negativa de la mayoría a hacerlo terminó preocupando a esta autoridad, que en medio de la ofuscación, sugirió retirarlo del documento, si ello eliminaba la incomodidad.