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La capital peruana vive días de intensa movilización debido al paro nacional convocado por el gremio de transportistas, que busca acabar con la extorsión y el cobro de cupos. Desde la madrugada del 10 de octubre, las calles de Lima han sido escenario de manifestaciones y cierre de mercados, mientras los transportistas exigen la derogación de la ley 32108. Este contexto de zozobra ha llevado a las autoridades a intensificar la vigilancia en las zonas más críticas de la ciudad.

El clima de incertidumbre se agrava con la participación de diversos actores políticos en las movilizaciones. Según declaraciones del jefe del gabinete, Gustavo Adrianzén, organizaciones vinculadas al Movadef estarían detrás de la paralización, lo que ha generado tensiones entre los líderes del gremio de transportistas y el gobierno. A pesar de estas acusaciones, los dirigentes del paro, como Miguel Palomino y Julio Campos, aseguran que se trata de un movimiento legítimo y apolítico, centrado en la defensa de sus derechos laborales.

Demandas de los transportistas

En medio de esta crisis, la figura del Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se convierte en un foco de atención. Santiváñez ha defendido el derecho a la protesta, siempre y cuando se realice de manera pacífica, pero también ha señalado que las acciones violentas durante las manifestaciones pueden ser objeto de sanción. Con helicópteros sobrevolando la ciudad y un despliegue policial notable, la administración busca mantener el orden mientras se desarrollan las negociaciones con los transportistas.

La demanda de los transportistas por un entorno laboral libre de violencia y extorsión resuena en la población. Muchos ciudadanos claman por un regreso a la normalidad, anhelando trabajar sin el temor constante de ser víctimas de delincuentes. ¿Lograrán los transportistas sus objetivos sin que la política se interponga en su lucha?

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