El último martes 13 de junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que Perú vulneró los derechos a la salud y a la vida de una niña víctima de violación al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
La menor, oriunda de Apurímac, fue violada por su padre desde los nueve años hasta quedar embarazada a los trece. Sin embargo, tiempo después, tras tener un aborto espontáneo, fue acusada y condenada por autoaborto sin más pruebas, pese a que en repetidas veces señaló que no deseaba proseguir con el embarazo.
Ante este escenario, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitió un pronunciamiento, solicitando al Estado peruano a adoptar las medidas dictadas por el CDN y use todos los mecanismos que estén a su alcance para evitar que haya situaciones de violaciones de derechos similares en el futuro.
- El Perú ha ratificado en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional de carácter jurídicamente vinculante. Asimismo, en 2016 ratificó el protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, mediante el cual los estados reconocen la competencia del CDN para recibir comunicaciones sobre violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es mediante este procedimiento que el Comité tuvo conocimiento del caso de Camila.
- El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que monitorea avances en la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados parte. En este Dictamen se ha señalado la obligación del Estado peruano de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro y que en 180 días el país debe informar tanto de las acciones de reparación que ha puesto en marcha como de las medidas preventivas indicadas.
- En el año 2016 el Comité ya había expresado su preocupación al Perú por el elevado número de casos de violencia y de malos tratos que sufren los niños, incluida la violencia sexual, Sin embargo, esta se mantiene latente. Entre el 2017 y 2022 se registraron en el Centro de Emergencia Mujer 72 996 casos de violencia sexual contra menores de edad. 92.6 % de estos tuvieron a niñas y adolescentes como víctimas. En el 19% de los casos, como en el de Camila, el agresor fue el padre. Estas cifras representan solo los casos registrados. Ante esta preocupante situación, desde UNICEF señalamos la necesidad de contar con mecanismos de protección eficientes, así como con protocolos claros desde el sector salud para atender casos de violencia sexual de niñas y adolescentes mujeres que dejen clara la opción de interrupción terapéutica del embarazo según la legislación peruana establecida.
- UNICEF espera que el Estado peruano, como principal garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes, adopte las medidas dictadas por el CDN y use todos los mecanismos que estén a su alcance para evitar que haya situaciones de violaciones de derechos similares en el futuro.
- UNICEF considera que este dictamen histórico para la región de América Latina y el Caribe debe ser un llamado para que el Estado peruano y otros estados fortalezcan la aplicación del enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes en las y los operadores de sus diversos servicios. UNICEF reitera su compromiso de acompañar al Estado, sociedad civil y familias en la construcción de un país en el que niñas, niños y adolescentes puedan vivir y crecer libres de violencia, y tengan acceso a servicios básicos de educación, salud y protección para alcanzar el pleno desarrollo de su potencial y cumplir con su proyecto de vida.