La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que requirió al Estado peruano a abstenerse de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional que dispone la inmediata liberación del expresidente Alberto Fujimori.
Tras la decisión del TC el último martes, la institución dispuso dictar esta resolución, «hasta tanto la Corte IDH cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución del 7 de abril de 2022″.
En el documento, se señala que los casos de Barrios Altos y La Cantuta constituyen graves violaciones a derechos humanos, constatando que el TC no evaluó la compatibilidad del indulto humanitario a Fujimori con los estándares para ella, que se emitieron en una resolución de supervisión en mayo de 2018.
La resolución también indica que los representantes de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta presentaron una solicitud de medidas provisionales a fin de «garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y evitar retrocesos en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales».
En ese sentido, en aquella solicitud precisan que, con la orden emitida por el Tribunal Constitucional, «generan un riesgo de daño irreparable al derecho al acceso a la justicia de las víctimas (…) el cual tiene un carácter extremadamente grave y urgente».
En un nuevo escrito, luego de conocerse la decisión del TC, los representantes alegaron que se está «ante una situación de extrema urgencia», pues el tribunal adoptó una decisión «en abierto desacato» a lo dispuesto por la Corte IDH en las resoluciones de 2018 y 2022.
Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori, señaló que ya se notificó al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) de la resolución del TC respecto a la liberación del exmandatario. Explicó que la disposición del tribunal ordena que la liberación sea en el día.
En diálogo para Latina Noticias, desde la dependencia del Centro de Lima del INPE, el abogado confirmó que esta sede ya recibió la respectiva notificación de manera virtual, desde donde se tiene que continuar con los trámites de excarcelación del expresidente.
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