Latinanoticias.pe

Por: Manuel Arselles | Twitter: @marselles

El fiscal José Domingo Pérez dispuso ampliar la investigación por presunto lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento y tenencia de fondos ilícitos, así como por organización criminal contra Keiko Fujimori y los dirigentes de la organización política Fuerza Popular, para determinar si existió aportes ilícitos en la campaña electoral del 2021. La medida alcanza también para Luis Galarreta Velarde, Miguel Torres Morales, Karina Beteta Rubin, Milagros Takayama Jiménez y la contadora del partido Lindman Miranda Zamalloa.

Latina Noticias accedió la disposición de ampliación de diligencias preliminares a cargo del equipo especial Lava Jato, donde se considera de «útil y pertinente» tomar las declaraciones testimonial del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Piero Corvetto Salinas, y de la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin.

¿QUÉ SE INVESTIGA?

El 6 de junio del 2021, Pedro Castillo, de Perú Libre, ganó la segunda vuelta a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Desde esa fecha, la dirigencia «naranja» armó una campaña con la premisa «Fraude electoral», para dar cuenta que los comicios no fueron transparentes. Las investigaciones comenzaron el 20 de julio en medio de acusaciones de fraude por parte del partido fujimorista, lo que incluyó aparentes financiamiento de impugnaciones y apelaciones de dudosa procedencia.

La Fiscalía toma como prueba el informe que emitió la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Onpe, donde concluye que Fuerza Popular transgredió la norma electoral por no consignar información detallada como la compra de un inmueble, una cotización errónea de activos fijos y la ubicación de un aportante que negó haber pagado S/ 1 100 en especies.

Recogidas estas pruebas, la Fiscalía también advierte que todas las nulidades presentadas en medio del supuesto escándalo de fraude que promovió el fujimorismo requirieron un desembolso de S/ 1′278.430 y otros S/ 31.350 por las apelaciones. Todo ello figuran estudios de abogados, empresarios y dueños de casinos.