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El pasado domingo 21 de abril, Ana Estrada, quien había luchado incansablemente por su derecho a una muerte digna, finalmente accedió a la eutanasia. Tras haber marcado un hito en la historia del debate de este procedimiento médico en el Perú, Latina Noticias resalta el planteamiento de un proyecto de ley 6772/ 2023 – CR que busca modificar la Constitución del Perú para que pueda reconocerse el derecho a una muerte digna.

En enero del presente año, el congresista Luis Kamiche Morante (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) presentó un proyecto de reforma constitucional que busca incorporar el derecho a la muerte digna al artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

MUERTE DIGNA: ¿QUÉ DICE EL PROYECTO DE LEY QUE BUSCA MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN?

La iniciativa legislativa modifica el numeral 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, sobre los  derechos fundamentales de la persona. De esta forma, el artículo queda redactado de la siguiente manera: 

«Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar y a las determinaciones para el final de su vida para acceder a una muerte digna. El concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorece«. 

El proyecto de ley señala que la Constitución Política del Perú omitió declarar integralmente todas las dimensiones del derecho a vivir una vida en condiciones dignas. 

«En la Constitución Política del Perú, el derecho a la vida tiene 2 contenidos esenciales: Derecho a vivir una vida en condiciones dignas y el derecho a no ser privado, arbitrariamente, de la vida. Estos contenidos, además de ser complementarios, deben evaluarse en su conjunto«, se lee.

En ese sentido, se indica que el derecho a vivir dignamente supone, lógicamente, vivir dignamente hasta el final, lo cual incluiría una muerte digna.

«La dignidad humana, en consecuencia supone aceptar, necesariamente, la capacidad de todo ser humano a decidir sobre sí mismo, mucho más cuando se encuentra en condiciones que vulneran su dignidad humana y, la obligación del Estado para garantizar condiciones dignas de vida para todos hasta para morir«, precisa el texto. 

Cabe señalar que la propuesta legislativa resaltó el caso de Ana Estrada Ugarte como una consecuencia de «la no regulación precisa del derecho a vivir dignamente y a tener una muerte digna», esto ante la negativa de las instituciones de no permitirle acceder a la eutanasia.

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