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En agosto de 2020, en plena pandemia, Andrés Hurtado inauguraba con gran entusiasmo una nueva sede de la cooperativa de ahorro y crédito Latino Perú en San Juan de Lurigancho, promoviendo la entidad como una solución financiera para la comunidad. Durante el evento, Hurtado aseguraba que todo lo que tocaba lo convertía en oro, invitando a los vecinos a confiar en la cooperativa; sin embargo, cuatro años después, la promesa de prosperidad se ha desvanecido, y los socios de la cooperativa están reclamando sus ahorros, acusando a la entidad de estafa.

En julio de 2023, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) intervino la cooperativa debido a un déficit patrimonial de casi 23 millones de soles, lo que derivó en su disolución. Según los afectados, muchos de ellos jubilados, como Pedro Navarro y Rosa Vilela, la cooperativa no tenía solvencia para devolver los ahorros de sus socios, quienes depositaron grandes sumas de dinero confiando en los beneficios prometidos. Navarro, por ejemplo, asegura haber depositado 200 mil soles de la jubilación de su familia, y hasta la fecha, no ha recibido ningún reembolso.

Las investigaciones señalan a Enrique Paredes Barriga, supuesto dueño de la cooperativa, y a su pareja, Frezia Pérez Aojalla, como los principales responsables del colapso de Latino Perú. Socios como José García, que invirtió 140 mil soles, afirman que Paredes les ofreció tranquilidad, asegurando que tenía un respaldo de 70 millones de soles en propiedades, promesas que nunca se cumplieron. A su vez, la relación entre Hurtado y la cooperativa también ha generado sospechas, ya que este promovió la entidad en su programa de televisión y ofició como padrino en varias inauguraciones de locales.

El papel de Hurtado en este caso ha sido cuestionado por los afectados, quienes exigen que se investigue si sus ahorros terminaron en manos del conductor de televisión. Aunque Ricardo Villegas, ex gerente de relaciones públicas de la cooperativa, sostiene que fue él quien contactó a Hurtado para la publicidad y que pagaron 2,300 dólares por su participación, los socios consideran que esta cifra es insuficiente considerando las millonarias pérdidas de la cooperativa.

Hoy, más de 120 socios exigen justicia y el retorno de sus ahorros, mientras Andrés Hurtado sigue en el ojo del huracán. Los afectados piden una investigación exhaustiva por parte de las autoridades, incluyendo a la SBS y el Ministerio Público, para determinar si sus fondos fueron utilizados para fines ajenos a los intereses de la cooperativa, y si Hurtado está implicado en el destino final de sus ahorros.

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