michael urtecho
El Poder Judicial ratificó la condena de 22 años y 5 meses de prisión contra el excongresista Michael Urtecho por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, y ordenó que el exlegislador sea trasladado a una cárcel pública. Urtecho, quien fue miembro del Congreso de la República en el período 2006-2011, fue hallado culpable de recortar los salarios de sus trabajadores para su beneficio personal.
Asimismo, el Tribunal Supremo confirmó la condena de 28 años de prisión que se le impuso a Claudia Gonzales Valdivia, esposa del exlegislador, por haber actuado como cómplice de su cónyuge y por los delitos de concusión, peculado y lavado de activos; por lo que también se ordenó su internamiento en un penal.
«El colegiado supremo señala que por la gravedad de los hechos se debe imponer la ley, así esta sea dura», se lee en un tuit en el que el Poder Judicial dio a conocer su posición.
En 2013 se dio a conocer las prácticas de Michael Urtecho y resultó en una investigación profunda que expuso la sistemática operación del exlegislador. En Punto Final, el exparlamentario reconoció que pidió apoyo económico a sus trabajadores a través de sus cuentas bancarias durante los años 2006, 2007, 2009 y 2010, pero afirmó que nunca se coaccionó o amenazó a ningún trabajador con la expulsión de su trabajo si no aceptaban el descuento.
Así, el 3 de enero de 2014, la Fiscalía de la Nación dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria por la presunta comisión de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito en contra de Michael Urtecho. Días después, lo mismo ocurrió con su esposa Claudia González, quien fue acusada de cómplice del delito de concusión tras haber sido señalada como la persona que retiraba el dinero de las cuentas bancarias de los trabajadores.
Según la sentencia, Urtecho utilizaba su posición para manipular los ingresos de su equipo, exigiendo porcentajes significativos de sus sueldos bajo amenaza de despido. Los fondos recaudados eran utilizados para beneficio personal, incrementando notablemente su patrimonio de manera injustificada. El tribunal, además de la sentencia de cárcel, ordenó el pago de una reparación civil para resarcir los daños causados.
A lo largo del juicio, Urtecho intentó apelar la decisión judicial argumentando que los testimonios en su contra no eran sólidos. Sin embargo, el tribunal consideró que las pruebas presentadas, incluyendo testimonios de las víctimas y documentos financieros, eran suficientes para confirmar su responsabilidad en los delitos imputados.
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