La Comisión de Ética del Congreso declaró procedente la denuncia contra el congresista Edgar Tello Montes. Esta decisión se produce en medio de acusaciones graves en su contra, incluyendo la reducción de salarios a sus empleados y acusaciones de hostigamiento hacia una trabajadora embarazada.
La situación se ha vuelto aún más compleja para Tello, ya que enfrenta otra investigación en la fiscalía por presunto delito de concusión en detrimento del Estado, relacionado con el mencionado recorte salarial.
Los problemas legales del congresista se hicieron públicos en mayo cuando una de sus trabajadoras parlamentarias, Marie Silva, denunció que Tello le había pedido que comprara un proyector con el dinero de un bono que había recibido del Congreso. Estos hechos fueron revelados por el programa «Punto Final». Silva también alegó hostigamiento laboral por negarse a aceptar una reducción en su sueldo.
Ante estas acusaciones, Tello declaró públicamente que está dispuesto a someterse a las investigaciones pertinentes.
La Comisión de Ética, en caso de confirmarse las acusaciones, podría recomendar la máxima sanción que el Congreso puede imponer, que es la suspensión del congresista por un período de 120 días. Sin embargo, vale la pena señalar que la comisión ha eximido de sanciones a otros legisladores que también han sido denunciados por reducción de salarios.
Esta problemática parece extenderse más allá del caso de Tello, ya que al menos once trabajadores y ex trabajadores parlamentarios han denunciado a ocho congresistas por recortes salariales. Además, un legislador, José Arriola de Acción Popular, fue señalado por tener declaraciones juradas en su vivienda en las que su personal se comprometía a realizar supuestos aportes voluntarios.
Los hechos que motivaron esta denuncia son sumamente serios. El Procurador General del Estado, Daniel Soria, presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Nación en contra del congresista Tello Montes por el presunto delito de concusión. Esta acción legal surge a raíz de la revelación de una ex trabajadora del despacho parlamentario, quien afirmó que el legislador solicitaba «aportes» económicos a sus empleados para la compra de cocinas y, sorprendentemente, incluso un proyector.
El informe de Punto Final detalla además que el parlamentario habría solicitado la suma de 8 mil dólares a la embajada de Taipei con el propósito de adquirir cocinas para ser donadas a una olla común. Este conjunto de acusaciones, de ser probado, podría tener consecuencias legales graves.
A través de su cuenta de Twitter, la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República, señaló que con 10 votos a favor y 5 abstenciones se aprobó la denuncia contra el parlamentario recaído en el Expediente N.º 130-2022-2023/CEP-CR.
Estos votos a favor de la investigación contra Tello, fueron de Kira Alcarraz (Podemos Perú), Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso), David Jiménez, Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular), Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Jorge Marticorena (Perú Bicentenario), Javier Padilla (Renovación Popular), Margot Palacios, María Taipe (Perú Libre) y Diego Bazán.
Las 5 abstenciones fueron por parte de los legisladores Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario), Héctor Valer (Somos Perú), Elías Varas (Perú Bicentenario), Cheryl Trigozo (Alianza para el Progreso) y Alex Paredes (Bloque Magisterial). Quienes intentaron blindar al congresista Edgar Tello, sin embargo, los intentos no prosperaron.
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