La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) emitió un comunicado en el que criticó duramente a los principales poderes del Estado (Congreso y Gobierno) por el reinante clima de inseguridad ciudadana que agobia a los peruanos.
En ese sentido, señaló que el crimen organizado es un «gobierno paralelo» que está ganando la batalla, por lo que exigió que se tomen 3 medidas concretas: la aprobación, en el más breve plazo, del proyecto de ley que tipifica la extorsión y el sicariato como «terrorismo urbano», derogar la más reciente modificación al Código Penal que – según diversos especialistas – favorece a las bandas dedicadas al crimen organizado, y fortalecer a 3 instituciones: la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional.
A continuación reproducimos el comunicado emitido este viernes 27 de septiembre por la Confiep con respecto a la inseguridad ciudadana:
«Los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios nos sumamos a este comunicado para exigir al Congreso y al Ejecutivo que tomen decisiones firmes ante la inseguridad que hoy gobierna en la sombra el Perú.
El Estado está perdiendo la batalla contra el crimen organizado, perjudicando a miles de familias y negocios en todo el país. Las autoridades no han mostrado una estrategia efectiva para combatir esta amenaza, que afecta nuestra calidad de vida y la posibilidad de trabajar con tranquilidad.
Ninguna de nuestras actividades, sin importar el tamaño o sector, está a salvo de las extorsiones. Las industrias, bodegas, salones de belleza, restaurantes, ferreterías, comercios textiles, transportistas y hasta los comedores populares somos víctimas diarias de este flagelo. Vivimos bajo el asedio de una criminalidad organizada que ha tomado el control del Perú ante la ausencia alarmante del Estado.
A esto se suma el avance de economías ilegales, como la minería ilegal, que ha infiltrado el poder político con dinero manchado de sangre.
El Congreso debe aprobar en el más breve plazo, el proyecto de ley que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como terrorismo urbano y endurecer las penas para quienes los cometan, así como derogar la última modificación al Código Penal que relajó la persecución del delito de crimen organizado.
Asimismo, es imprescindible fortalecer las instituciones encargadas de la represión al crimen y la administración de justicia, como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Sin decisión política ni firmeza, los peruanos continuaremos muriendo, los negocios cerrando, y habremos dejado al Perú en manos del crimen organizado. ¡Que no nos ganen la batalla!»
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