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La Comisión Permanente del Congreso aprobó con 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones una norma que modifica diversos artículos de la Ley contra el Crimen Organizado. La propuesta fue elaborada por el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) y respaldada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Según la iniciativa del segundo vicepresidente del Parlamento, de los 91 tipos penales que existen en el mencionado marco legal, se excluyen cerca de 59 que, en su mayoría, están relacionados a graves delitos como la tala ilegal, la estafa agravada, la venta de órganos, el enriquecimiento ilícito y el tráfico ilícito de migrantes que ya no serían «graves».

Cerrón busca que los delitos que no tengan penas de cárcel mayores a seis años ya no sean considerados «graves».

Otro polémico cambio es que para los allanamientos que son efectuados por la Fiscalía y la Policía Nacional solo procederá si existen motivos razonables y suficientes pruebas que lo justifiquen. Además, las personas cuyas viviendas son intervenidas deberán contar necesariamente con un abogado cuando se realicen la diligencia.

«De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio, o en su defecto se coordinará con el Colegio de Abogados de la localidad para que envíen un abogado para asistir al imputado. Excepcionalmente, se practicará el registro con presencia de un familiar mayor de edad, o a falta de este, se hará con presencia de dos testigos, vecinos del predio», se agrega en la propuesta.

DEFIENDEN PROPUESTA

Durante la sustentación de la iniciativa, el legislador Américo Gonza, titular de la Comisión de Justicia, refirió que lo que se busca es impartir justicia.

“La justicia debe imponerse por encima de cualquier interés personal o de cualquier grupo, sobre todo de intereses ajenos a la voluntad general. Debemos tener normas acordes para que se sancione realmente al culpable y juzgar al criminal más no como se viene haciendo actualmente”, dijo ante la Comisión Permanente.

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