En una reciente decisión de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se aprobó la denuncia constitucional presentada por el congresista Jorge Montoya, la cual propone la inhabilitación por diez años de la función en cargos públicos para Aníbal Torres, ex primer ministro del expresidente Pedro Castillo.
La medida se fundamenta en las declaraciones de Torres el 9 de marzo de 2022, donde supuestamente incitó a la población a movilizarse contra los que él llamó «golpistas», y hacer que se «arrodillen».
El informe final de la denuncia, elaborado por la legisladora Martha Moyano, recibió el respaldo de la mayoría de la subcomisión. Sin embargo, este documento aún debe ser sometido a votación en la Comisión Permanente. Si obtiene la aprobación en esta instancia, pasará al Pleno del Congreso para su consideración final.
La propuesta de inhabilitación planteada contra Aníbal Torres implica que no podría postular a ningún cargo público durante la próxima década. Este hecho ha generado un intenso debate en el ámbito político, destacando la polarización de opiniones respecto a la validez de las acciones y declaraciones del ex primer ministro.
Aníbal Torres, por su parte, ha respondido a las acusaciones a través de un escrito presentado ante la subcomisión. En su defensa, afirmó que sus declaraciones no buscaban incitar a la población ni generar zozobra, alarma o temor. Además, comparó sus palabras con acciones de otros congresistas que, según él, convocaron a la población para vacar al presidente Pedro Castillo con expresiones que sugerían violencia, heridos y muerte, así como para «generar una protesta grandísima» o «originar el caos de la historia».
La decisión de la subcomisión no fue unánime, ya que cuatro congresistas expresaron su oposición a la inhabilitación de Aníbal Torres. José María Balcázar y Jorge Coayla de Perú Bicentenario, Francis Paredes Castro de Podemos y Edgard Reymundo de Cambio Democrático votaron en contra de la medida.
Ahora, la atención se centra en la siguiente etapa del proceso, donde la Comisión Permanente decidirá sobre la validez del informe y su eventual envío al Pleno del Congreso.
El expremier Aníbal Torres rechazó haber participado en la redacción del mensaje del Golpe de Estado. En una entrevista a Latina Noticias, Torres calificó la información como «inventada» y aseguró que no ha sido notificado oficialmente sobre ninguna acusación constitucional en su contra.
Cabe precisar que, en el informe pericial N.º 326-2023, difundido por el diario El Comercio, durante el allanamiento realizado en marzo del año pasado en la residencia de Torres, se encontraron estos manuscritos que presuntamente implicarían la planificación de acciones contra la Fiscalía Suprema y el Congreso.
«Es un hecho inventado, no sé si por la Fiscalía o por el medio de comunicación, porque a mí no me han notificado la acusación constitucional, pero es un hecho inventado, absolutamente falso. Una acusación tiene que ser con pruebas (…) Ese día es cierto que yo concurrí a una llamada que me hizo el presidente, estuvo también la señora Betssy», dijo en Exclusiva a Latina Noticias.
Latina Noticias accedió al informe final de esta comisión parlamentaria en el que se recomienda acusar e inhabilitar por infracción constitucional, por un periodo de por diez años, para ejercer cargos públicos al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien expresó su desconocimiento sobre este evento y alegó que no ha sido citado para defenderse.
«Es la primera noticia que tengo. No me han citado para defenderme. Del Congreso de la República yo no espero nada, nada que sea correcto, que sea legal. El Congreso está buscando inhabilitarme porque está pensando que yo voy a ser candidato presidencial, lo cual no soy, no hay nada de eso», manifestó Torres.
Finalmente, Torres descartó una futura postulación presidencial y dejó abierta la posibilidad de respaldar a algún candidato en el futuro. «Yo tengo 81 años de edad, es posible que yo apoye a algún candidato, si claro, en su oportunidad lo haré, con habilitación o sin habilitación. Eso si no me lo va a poder prohibir el Congreso», concluyó.
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