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A raíz de las declaraciones de Jaime Villanueva que ha agravado la situación legal de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como también de los fiscales Pablo Sánchez y Rafael Vela Barba que son investigados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por cometer presuntas faltas en el ejercicio de sus cargos, desde el Congreso de la República se presentó un proyecto de ley para declarar el Ministerio Público en emergencia y con su respectiva reorganización.

El autor de la propuesta es el parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular), quien apunta a que se disponga «el cese extraordinario e inmediato de los fiscales supremos titulares al haber perdido la garantía de su permanencia por inobservancia de su conducta e idoneidad propias de su función» que están tipificados en los artículos 146 y 158 de la Constitución Política.

En el documento al que Latina Noticias tuvo acceso, se anota que al darse la vacancia de los fiscales supremos, estos sean reemplazados por «fiscales superiores titulares en orden de antigüedad en el número señalado por ley, hasta que se elijan a sus respectivos titulares».

Según lo que se puede leer del documento es que la Junta de Fiscales Supremos, una vez que esté renovada por sus nuevos miembros, entonces tendrá la tarea de «evaluar y separar al personal administrativo y fiscal no idóneo, así como diseñar e implementar las acciones de reorganización, proponer las iniciativas de reforma legal necesarias para superar las deficiencias y problemática de la organización y el servicio fiscal a nivel nacional».

Todas estas acciones de cambio en la Fiscalía tendrán que realizarse dentro de un plazo de 180 días calendario.

MOTIVOS DE LA REORGANIZACIÓN

Según la propuesta del congresista Jorge Montoya, la idea de reorganizar el Ministerio Público se sustenta en el artículo 102 de la Constitución.

«Este proceso de reorganización dirigido a la más alta jerarquía del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, tendría como propósito habilitar el cambio de sus principales autoridades, permitiendo un recambio generacional que pueda normalizar el funcionamiento de la institución y disuadir los graves
cuestionamientos y las posiciones encontradas de las actuales autoridades», se agrega.

Adicionalmente, el representante de Renovación Popular hace mención, aparte del impacto de las declaraciones de Jaime Villanueva, también la influencia que el periodista Gustavo Gorriti tuvo en el Equipo Especial del caso Lava Jato.

Seguidamente, se enfatiza que hubo «tráfico de información y documentación calificada como reservada, que como en el caso del expresidente Alan García Pérez» y hubo un presunto «manejo irregular en el caso
‘Cócteles’ y otros, con evidente intencionalidad política».

«Esta situación demanda medidas urgentes y excepcionales a fin de corregir la politización y manejo irregular de esta institución clave para el sistema democrático», menciona.

Con la presentación de este proyecto, toca que pase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, cuya presidencia está en manos de la legisladora Janet Rivas (Perú Libre).