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Esta semana el Tribunal Constitucional (TC) escuchará los argumentos de las partes frente a la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley N.º 31288, que aplica sanciones firmes para los casos de corrupción e inconducta funcional en las entidades públicas, mediante la capacidad sancionadora a cargo de la Contraloría General.

Respecto a esto, la Contraloría indicó que el 26 de julio de 2021, el Poder Ejecutivo, en su penúltimo día de gestión, presentó ante el TC una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.º 31288, que había restituido la capacidad sancionadora de la Contraloría General, estableciendo 32 infracciones administrativas para sancionar, con efectividad, a los malos funcionarios y servidores públicos.

La entidad precisó que, de ser acogido, este proceso de inconstitucionalidad supondrá «un lamentable retroceso en el esfuerzo de varias instituciones y la sociedad en su conjunto por enfrentar decididamente a la corrupción», pues archivaría todas las responsabilidades identificadas por la Contraloría desde la vigencia de la ley.

«Las graves consecuencias de una sentencia a favor de la inconstitucionalidad de la Ley N.º 31288, implicarían no solo dejar sin sanción administrativa a los casos de corrupción e inconducta funcional detectados, los cuales serían enviados al archivo; sino también, que las resoluciones de archivamiento puedan ser usadas por cuestionados funcionarios y servidores públicos ante el Sistema de Justicia para argumentar la nulidad de sus investigaciones, y así lograr impunidad por los hechos detectados», apuntó.

Este 24 de agosto, el TC analizará la referida demanda de inconstitucionalidad planteada, la misma que se sustenta en planteamientos que ya han sido salvaguardados por la Ley N.º 31288, tales como el derecho a la defensa, los principios de legalidad y proporcionalidad de la sanción.

La Contraloría ratificó que la Ley N.º 31288 cumple con los estándares de constitucionalidad y contribuye adecuadamente a luchar contra la corrupción, la impunidad y le permite al Estado sancionar efectivamente a los malos funcionarios por el grave daño causado a todos los peruanos.