Defensoría del Pueblo contrata a sobrino de César Acuña como secretario general

Ana Briceño
Unidad de Investigación

Siguen apareciendo más personas con altos cargos en el estado, con fuertes vínculos con la familia Acuña y con el partido Alianza para el Progreso (APP). Tal es el caso de Juan Carlos Gonzales Hidalgo, esposo de la sobrina de César Acuña, quien ocupa el puesto de confianza de secretario general de la Defensoría del Pueblo.

El vínculo entre Gonzales y el presidente de APP es estrecho. En el 2008, se inscribió al partido de APP, donde se desempeñó como apoderado, director nacional de ética, personero legal alterno y personero titular. Luego, se apartó del partido, pero el vínculo familiar se fortaleció. En el 2009, se casó con Carol Acuña Palomino, hija de Grimaldo, hermano de César Acuña.

Gonzales fue nombrado secretario general de la Defensoría del Pueblo, el máximo cargo administrativo de la entidad, en agosto del 2023, tres meses después de que Josué Gutiérrez fuera elegido Defensor del Pueblo, con el mayoritario apoyo de varias bancadas del Congreso, entre ellas Alianza para el Progreso.

El funcionario también está vinculado estrechamente con los Acuña respecto a su formación profesional. Estudió su maestría en la Universidad César Vallejo, donde trabaja su esposa; y en el 2018 fue nombrado director de Gestión del Talento Humano, en la Universidad Señor de Sipán, de propiedad de la familia Acuña.

EXTRAÑO ARCHIVAMIENTO

En el 2016, Gonzales Hidalgo ocupaba el cargo de viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, pero tuvo que dejar el puesto porque la Fiscalía de Tumbes pedía 9 años de cárcel contra él por el presunto delito contra la administración pública por presuntamente haber favorecido a una empresa con licitaciones por S/.683 mil, cuando él fue funcionario de la Municipalidad de Tumbes.

Fuentes de la Fiscalía de Tumbes indicaron a este medio que el expediente contra Gonzales Hidalgo fue archivado por el Poder Judicial. “Fue un caso que ameritaba sanciones ejemplares. No solo el señor Gonzales estaba comprometido, sino otros funcionarios y, al final, todo quedó en nada. Cambiaron al fiscal que llevaba la investigación, y el expediente fue enterrado”, sostuvo una fuente de la Fiscalía de Tumbes a este medio.

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