DINA BOLUARTE PRESIDENTA DEL PERU
Por Rodrigo Chillitupa | @RodrigoCT_94
El Despacho Presidencial decidió autorizar que se desembolse la suma de S/180 mil para costear la defensa legal de la mandataria Dina Boluarte frente la investigación preliminar que el Ministerio Público le sigue por las muertes ocurridas durante las protestas sociales contra su gobierno en diciembre de 2022 y enero de 2023.
Latina Noticias accedió a la resolución administrativa N.º 000020-2024-DP/OGA, del último 27 de marzo, en el que se declara procedente que se asigne una partida para pagar la asesoría legal a los abogados de Boluarte, quienes la patrocinan en la investigación en la que se le imputa haber presuntamente cometido los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Según el documento en mención, la jefa de Estado solicitó este servicio, que se encuentra amparado en el literal I del artículo 35 de la Ley del Servicio Civil, el 30 de enero de 2024. El 8 de febrero se aceptó el pedido. Sin embargo, la Oficina General de Administración solicitó una opinión a la Oficina de Asesoría Jurídica si es que esta contratación cumplía con la legalidad.
«De la revisión del expediente se determina que la contratación requerida se encuentra justificada en la necesidad que tiene la funcionaria de contar con la defensa y patrocinio legal otorgada mediante la Resolución N.º 000019-2024-DP/SSG, al encontrarse dicha modalidad dentro de los supuestos de contratar, por lo que resulta procedente la aplicación de la misma», fue la respuesta de Asesoría Jurídica en un memorándum N.º 000089-2024-DP/OGAJ.
De esta manera, el director de la Oficina General de Administración, Rafael Velásquez, firmó la resolución y ordenó a la Oficina de Abastecimiento que realice las gestiones necesarias para que ejecute el procedimiento de contratación directa de los abogados de la presidenta Boluarte.
Cabe recordar que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó en noviembre del año pasado una denuncia constitucional contra la mandataria ante el Congreso porque “habría omitido dolosamente adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos”.
En esa ocasión se le imputó a Boluarte que cometió graves violaciones a los derechos humanos de Christopher Ramos, José Luis Aguilar, Rosalino Florez, Sonia Aguilar, Víctor Santisteban y Renato Murillo. En la denuncia también fueron comprendidos los exministros Alberto Otárola, Vicente Romero y Víctor Rojas.
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