El gobierno de Dina Boluarte se ve envuelto en una controversia tras la desactivación del equipo policial asignado al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Esta acción se produce horas antes del operativo Valkiria Jericó, que culminó con la detención de su propio hermano, Nicanor Boluarte.
La relación entre el gobierno y la Fiscalía alcanza un punto crítico, con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, exigiendo la reactivación del equipo policial de apoyo a los fiscales. Además, se revela la existencia de presuntos actos de reglaje contra los fiscales y sus familiares, lo que agrava la tensión entre las instituciones.
La visita discreta de la presidenta Dina Boluarte a las oficinas del abogado Mateo Castañeda mientras se realizaban diligencias policiales genera interrogantes. Según el secretario de comunicaciones, la visita tuvo como objetivo coordinar aspectos de su defensa legal en una investigación fiscal en curso, aunque persisten las dudas sobre sus verdaderas intenciones.
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