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El Gobierno de Dina Boluarte decidió retirar a Carlos Oliva Neyra de la presidencia del Consejo Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas —puesto que ocupaba desde diciembre del 2020— luego de que este, en representación de la entidad autónoma y técnica encargada de velar por las finanzas públicas del país, criticara las decisiones del MEF al ceder a los pedidos de sobreendeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Fuentes de Latina Noticias confirmaron que el Consejo Fiscal planteó la renovación de Oliva y la propuesta fue aceptada por el titular del MEF, José Arista. Sin embargo, tras enviar a Palacio de Gobierno la proposición de que Oliva continúe en el cargo de presidente del CF, ésta fue rechazada, por lo cual la entidad autónoma tendrá que proponer una nueva terna.

La remoción del cargo de Oliva coincide con el pedido público del alcalde de Lima Rafael López Aliaga —a través de sus redes sociales— donde «exige la remoción inmediata» de los miembros del directorio, a quienes tildó de «cómplices de Humala y Vizcarra».

Carlos Oliva, como presidente del Consejo Fiscal, expresó su preocupación por las medidas financieras adoptadas recientemente por la Municipalidad de Lima vinculadas a operaciones de endeudamiento sin garantía del Gobierno por un monto significativo S/1.205 millones en un plazo de 20 años. Además, la entidad expresó preocupación por el plan del alcalde de emitir bonos por hasta S/4.000 millones, medida que deja sin recursos a, por lo menos, los próximos cinco alcaldes.

Al respecto, el MEF, inicialmente, emitió un decreto de urgencia donde frenaba la deuda de la MML. Sin embargo, días después, tras el pedido público de López Aliaga de derogar dicha disposición, el Ministerio de Economía retrocedió en el mandato.

Por ello, Carlos Oliva Neyra, ahora expresidente del Consejo Fiscal, pidió en reiteradas ocasiones al ministro José Arista que explique el motivo de su retroceso, ya que este en un primer momento señaló que el pedido de la MML ponía «en riesgo la salud fiscal del país».

RUDECINDO VEGA FUE RETIRADO DE UNA ORGANIZACIÓN PRIVADA A PEDIDO DE MINISTRA CUÉLLAR

El pasado viernes 19 de abril, por pedido de la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar, se removió al abogado Rudecindo Vega de la gerencia general del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú (Conafovicer). Esto por críticas contra el Gobierno de Dina Boluarte, difundidas a través de sus redes sociales como en artículos para un diario local.

El Conafovicer es una organización privada sin fines de lucro. Sin embargo, a través de una carta, la titular de Vivienda pidió al presidente del Directorio de Conafovicer, Jorge Rochabrunt Gamarra —que es, además, asesor de la citada alta funcionaria del Ejecutivo— su destitución. Por ello, se realizaron tres directorios en menos de una semana para discutir si Vega debía o no ser removido del cargo, según detalló Rudecindo Vega a Latina Noticias.

«Le dirijo la presente con relación a la importante agenda común que en el directorio de su presidencia vienen trabajando desde hace varios meses los integrantes de CONAFOVICER: la FTCCP, CAPECO y los Ministerios de Vivienda Construcción y Saneamiento y Trabajo y Promoción del Empleo. Dicha agenda común se ve hoy en riesgo por los ataques intemperantes que difunde en distintos medios el gerente general de CONAFOVICER contra distintas autoridades del Poder Ejecutivo, incluyendo la presidenta del República. Adjunto a la presente le hago llegar ejemplos concretos de dichos ataques«, señala la misiva que envió Pérez del Cuéllar a Rochabrunt.

«Me corresponde solicitarle que el directorio de CONAFOVICER tome cartas en el asunto porque la agenda común, los legítimos intereses de las entidades que conforman CONAFOVICER y los convenios suscritos entre ellas no pueden verse afectados ni comprometidos por la actuación personal del gerente de CONAFOVICER«, finaliza la carta que fue firmada por la ministra y recibida por el Conafovicer el 11 de abril.

Vega asegura que la ministra, al ver que su pedido no se concretaba, «extorsionó» a los «directivos de Capeco (Cámara Peruana de la Construcción) y a los dirigentes de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil» para que lo removieran del Conafovicer, esto a cambio de que la titular de Vivienda apoye la agenda y los intereses de dicha entidad.

«Quiero resaltar que no estoy responsabilizando a la ministra ni al presidente de Conafovicer. Ellos son solamente mandaderos. Estoy responsabilizando directamente a Dina Boluarte y a Nicanor Boluarte. Si me ocurre algo, hoy vengo a hablar. Ya me están persiguiendo desde hace mucho tiempo», dijo el también abogado a Latina Noticias.

Cabe agregar que, en 2018, Vega Carreazo denunció a Nicanor Boluarte por la comisión de presuntos malos manejos en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), entidad ligada al Ministerio de Vivienda, al descubrir contratos de empresas fantasmas y cupos por puestos. El letrado señaló que tras no ser escuchadas sus denuncias, dejó el cargo de presidente ejecutivo de dicha entidad.

Además, precisó que al dimitir del cargo en junio de 2018, remitió al entonces mandatario Martín Vizcarra un informe donde detalla los pormenores de cada denuncia.

HARVEY COLCHADO Y EL PASTEL QUE PRESUNTAMENTE RETRATA ALLANAMIENTO A CASA DE PDTA.

El viernes pasado, el abogado Miguel Pérez Arroyo presentó un recurso de apelación a la Inspectoría General de la Policía en nombre del coronel PNP Harvey Colchado con el objetivo de revocar la medida preventiva de separación temporal del cargo de jefe de la Delitos de Alta Complejidad (Diviac) impuesta sorpresivamente el sábado 13 de abril.

La medida se dio luego de que se compartiera una fotografía de la celebración del cumpleaños de Colchado, en la que se observa una torta que en su diseño incluía una puerta y un accesorio adicional de un policía con un ariete en mano en dirección a esa puerta. Esto para muchos sería una alusión al allanamiento de la vivienda de la presidenta de la República, Dina boluarte, por el caso Rolex.

En ese marco, se le abrieron tres casos a Harvey Colchado en la Policía Nacional del Perú (PNP): el primero está relacionado a la torta de cumpleaños, el segundo, por el allanamiento a la presidenta y el tercero, por una denuncia de abuso de autoridad presentada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Al respecto, el abogado Miguel Pérez Arroyo afirmó a Latina Noticias que «lo que se ha hecho es construir a partir de subjetividades, de animadversiones por parte de un sector de la sociedad, de la política, de la prensa contra una persona buscando obviamente el ángulo que a ellos les conviene encontrar». «Han construido ese proceso sobre una visión subjetiva de alguien que dice que esos hechos ocurrieron como a ella le parece que ocurrieron, lo cual es sumamente arbitrario», agregó.

Cabe señalar que tras el caso de Colchado, la Inspectoría ha iniciado acciones de control contra otros 15 miembros de la Diviac que están involucrados en casos sensibles y que resultan «incómodos» para el Gobierno, como el caso de los relojes Rolex y la investigación contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta, según informó Punto Final.

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