DINA BOLUARTE
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció que la presidenta de la República, Dina Boluarte, renunciará a su inmunidad presidencial para afrontar la denuncia constitucional puesta por la Fiscal de la Nación Patricia Benavides. Esto, en el marco de las investigaciones por las muertes ocurridas en las protestas entre diciembre 2022 y marzo 2023.
Sin embargo, las consecuencias de esta decisión no son realizables bajo ningún concepto, ya que la Constitución Política solo establece la excepción a la inmunidad mediante una serie de delitos específicos como la de traición a la patria.
Según el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, «el presidente de la República solo puede ser acusado durante su período por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral». Es decir que, la inmunidad es un derecho conferido al presidente de manera irrenunciable y al que no se le puede dejar de lado.
El constitucionalista Omar Cairo señala que la inmunidad presidencial es «irrenunciable«, ya que, según lo establece el artículo antes citado, el presidente de la República goza de cobertura absoluta durante todo su mandato.
«La Constitución no contempla ninguna figura de renuncia. Es imposible que la presidenta pueda renunciar a ella«, dijo Cairo.
Toda acusación contra la mandataria tendrán lugar al culminar su período o en caso se declare, a través del Congreso de la República, la vacancia por incapacidad moral, conforme lo establece el artículo 113 de la Constitución Política.
Como se recuerda, esta misma figura fue adoptada por Martín Vizcarra durante su gobierno, en medio de críticas por presuntos hechos de corrupción, una acción que tampoco tuvo mayores consecuencias.
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