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Hernán Floríndez

La Unidad de Investigación de Latina Noticias ha corroborado que la defensa legal de Dina Boluarte tramitó un escrito ante el Ministerio Público, detallando que la presidenta “se abstendrá” de ofrecer su testimonio ante la investigación abierta por fiscalía por el caso del libro plagiado en coautoría, revelado por el programa Punto Final. En el mismo documento, Boluarte solicitó la “prescripción de la investigación”.

En otras palabras, Boluarte ha solicitado que se deje de investigar los hechos, con la justificación de que el presunto delito habría sido cometido en 2004, argumentando que el plazo para las pesquisas ha caducado. Se trata de una respuesta que se contrapone al público compromiso de la presidenta, que, en conferencia de prensa, en julio, tras el informe periodístico, afirmó que, “como siempre”, se sometería a las investigaciones correspondientes.

El libro, que le permitió a Boluarte presentarse como experta en Derechos Humanos, obraba en la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), hasta que fue Fiscalía lo retiró de circulación para examinarlo, un trabajo para el que cuenta con la colaboración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El diagnóstico determinará oficialmente la cantidad y modalidad del plagio cometido. Además, la fiscalía continúa con la comparación física de las fuentes originales y el texto de la presidenta.

COAUTORES REAFIRMAN DESCONOCIMIENTO

Al menos 4 de los coautores de la publicación de Boluarte ya declararon ante el Ministerio Público, y han coincidido en que no tenían conocimiento de la existencia del libro. Solo dos investigados se han negado a colaborar: la presidenta Dina Boluarte y su colega Efraín Anaya, exconsejero destituido del antiguo CNM. Ambos han decidido guardar silencio. Anaya, coordinador de la publicación, fue quien registró a nombre del grupo de coautores el libro ante la BNP. A su primera citación, la presidenta Boluarte simplemente no asistió.

Luego que la Unidad de Investigación de Latina Noticias revelara que Dina Boluarte era coautora de un libro sobre derechos humanos con más de 55% de coincidencias de fuentes no citadas, el Segundo Despacho especializado en delitos contra la Propiedad intelectual abrió una investigación penal por el plazo de dos meses contra la presidenta y los demás autores. El plazo de esta investigación ha sido ampliado por 60 días más.

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