Después del reportaje de Punto Final que puso al descubierto cómo docentes universitarios pagan montos de hasta 500 dólares por coautorías en trabajos científicos, el congresista no agrupado Edward Málaga envió oficios a PCM y Concytec tras la preocupación por la expuesta «fábrica de artículos científicos».
El congresista la señala como una «práctica delictiva que, lamentablemente, se ha extendido en nuestro país, con el consiguiente impacto negativo sobre la calidad de la producción científica».
En el oficio enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros, Málaga resalta que esta grave denuncia «ilustra la necesidad de fortalecer la capacidad investigadora y sancionadora de CONCYTEC, además de la importancia de designar a la cabeza de dicha entidad, a un profesional de reconocida trayectoria internacional, y con suficiente conocimiento en el ámbito de la CTI».
Por consiguiente, señaló la importancia de contar con un Comité de Selección del Presidente de Concytec, «por el cual se retira del mismo a los miembros de la Comisión Consultiva de ciencia, Tecnología e Innovación, decisión que seguramente impactará de manera negativa la labor de Concytec».
Al repsecto, mencionó que ha cruzado oficios con la presidenta Dina Boluarte. Ante la ausencia de medidas correctivas por parte del Gobierno, Málaga hizo énfasis a PCM sobre la necesidad de atender la preocupación de la comunidad científica.
Por otra parte, el congresista solicitó a Benjamín Marticorena, presidente de Concytec, que haga llegar a su despacho la siguiente información: Competencias y atribuciones de Concytec para investigar y sancionar el fraude científico, así como las instancias institucionales y los instrumentos legales disponibles para ello, los manuales de procedimientos y códigos de ética correspondientes, la relación de casos de fraude denunciados ante Concytec en los últimos 20 años, así como las acciones, planes y propuestas institucionales de la entidad para hacer frente al fraude científico.
En entrevista con José Miguel Hidalgo, el congresista Edward Málaga señaló que la respuesta de Marticorena tras las revelaciones de Punto Final, fue «tibia».
«Concytec deslindó responsabilidades, y dijo que a quienes corresponde evaluar sanciones serían las universidades. La actitud es tibia y esa es mi crítica. No ha habido una respuesta contundente de Concytec», dijo el congresista no agrupado.
Refirió que, si bien las universidades son el primer filtro para el trabajo de investigación de sus docentes, la entidad es la encargada de verificar la autenticidad de cada proyecto y verificar que estos hayan sido realizados bajo las condiciones que el reglamento establece.
Por otro lado, hizo un llamado a las autoridades competentes a prestar mayor atención a este tipo de actos. «La investigación científica en nuestro país no recibe atención de las autoridades», señaló.
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