Durante los próximos meses de abril y mayo, la justicia chilena determinará si se aprueba la ampliación de extradición de Alberto Fujimori para que sea juzgado en el Perú por los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración, entre otros, según detalló Javier Pacheco, procurador general del Estado interino, en una radio local.
Según informó la Procuraduría General del Estado (PGE), la Fiscalía Suprema de Chile dictaminó favorablemente en ocho causas solicitadas por la justicia peruana para la extradición de Fujimori.
Javier Pacheco detalló que el dictamen será remitido a la defensa técnica del Perú en Chile, la misma que tendrá un plazo de 20 días improrrogables para emitir un informe. La defensa pública de Fujimori en Chile también será notificada; sin embargo, esta contará con un plazo de 20 días prorrogables.
Además, adelantaron que entre abril y mayo se conocerá una primera sentencia de la justicia chilena que será elevada ante una Sala Penal de la Corte Suprema de Chile para que se emita una decisión final.
«Entre abril y mayo se conocerá un primer resultado, el cual va a ser elevado a un colegiado de cinco magistrados supremos», detalló Pacheco.
Se argumentan ocho pasos para ampliar la extradición de Alberto Fujimori. Entre ellos, figura la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999. Según la investigación, Fujimori y Vladimiro Montesinos vendieron 10 mil fusiles AK-47 de manera ilegal el grupo militar colombiano.
Para la entrega, sobrevolaron la selva colombiana y arrojaron las armas en cajas que tenían paracaídas incorporados. Fujimori y Montesinos habrían alterado los hechos y crearon el denominado ‘Plan Siberia’, una supuesta operación de inteligencia que «desarticuló» una red de tráfico de armas a las FARC.
Además, se suman las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el Penal Castro Castro en 1992, y después del rescate en la residencia del embajador japonés en Lima en 1997.
Le siguen las esterilizaciones forzadas cometidas durante su gobierno. Sobre este caso, a Fujimori se le atribuye la comisión de los delitos de lesiones graves, seguidos de muerte en agravio de cinco mujeres, así como de lesiones graves contra otras 1.300 víctimas en medio de una grave violación a los derechos humanos.
En el gobierno de Fujimori se priorizó las intervenciones quirúrgicas sobre otros métodos anticonceptivos disponibles. Estas intervenciones fueron aplicadas en su mayoría, a mujeres de escasos recursos de origen indígena. Muchas de ellas, fueron practicadas sin consentimiento de las víctimas.
También se le acusa del secuestro y asesinato de miembros de la familia Ventocilla, cometido en 1992 por el Grupo Colina, de tener responsabilidad en la comisión de los delitos del secuestro agravado de Arturo Moreno Alcántara, entre otros casos y delitos.
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