A pesar de que el gobierno de Dina Boluarte ha presentado el estado de emergencia como una medida estratégica para combatir la extorsión y el sicariato en la capital, los resultados en los primeros meses de implementación parecen ser limitados.
El Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sostiene que la estrategia está dando frutos. No obstante, los datos oficiales muestran que solo en algunos distritos existe una disminución en las denuncias.
Según el Sistema de Denuncias de la Policía Nacional del Perú (PNP), las cifras de extorsión han disminuido en cuatro distritos de Lima Metropolitana: San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Rímac y Puente Piedra. Aunque también se observa una leve reducción en otras zonas como Los Olivos, Independencia, Carabayllo, Comas y San Martín de Porres, en muchos otros distritos las denuncias han aumentado. Lurigancho, Ancón, Ate, Villa El Salvador y La Victoria, por ejemplo, han registrado un incremento pronunciado en los casos de extorsión, de acuerdo a los mismos reportes.
Pese a que se observa una caída en las denuncias en algunas zonas, este descenso no necesariamente refleja una disminución de la criminalidad. De hecho, expertos apuntan a que una de las razones de esta baja podría ser la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades que desmotiva a las víctimas de extorsión a formalizar las denuncias. Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), publicado en el primer semestre de 2024, revela que solo el 16.7% de las víctimas de delitos presentan una denuncia, mientras que el 40.9% decide no hacerlo por considerarlo una «pérdida de tiempo».
Esta falta de confianza se refleja en otros estudios y encuestas, como el Boletín Informativo Estadístico de la PNP, que muestra una alarmante desconfianza de la población en el sistema judicial y en la Policía Nacional. Según este informe, el 87% de los peruanos no confían en los jueces, el 86% desconfían de los fiscales, y un 66% no confía en la policía.
La falta de confianza en las autoridades se ve exacerbada por casos recientes de corrupción dentro de la propia Policía Nacional. Un claro ejemplo de ello es la desarticulación de la organización criminal ‘Las Hienas Verdes’, que operaba en la provincia de Barranca y donde varios efectivos policiales fueron acusados de extorsión, encubrimiento de homicidios, entre otros delitos.
Este grupo, que operaba con la complicidad de algunos oficiales, extorsionaba a empresarios y comerciantes de la zona. Entre los arrestados se encuentra un suboficial, identificado como La Rosa Buendía, quien, a pesar de su cargo en la Unidad de Inteligencia de Investigación Criminal de Barranca, lideraba la organización.
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