Fiscalía allana viviendas de investigados por contrataciones de Richard Swing

Fiscales del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro allanan ocho inmuebles vinculados a la investigación por las presuntas irregularidades en la contratación de Richard Cisneros (Richard Swing) en el Ministerio de Cultura, en el 2018 al 2020.

La medida, solicitada por la fiscal provincial Janny Sánchez Porturas, se efectúa en los domicilios de seis de un total de catorce investigados con el apoyo de ocho fiscales, igual número de peritos informáticos y 24 efectivos policiales de la División de Alta Complejidad (Diviac).

Entre ellos se encuentra el domicilio de Richard Cisneros, así como de los cinco funcionarios del Ministerio de Cultura como el secretario general, Jorge Antonio Apoloni; el director general de la Oficina General de Administración, Lincoln Martin Matos; la directora general de la Oficina General de Recursos Humanos, Aura Elisa Quiñones; la directora general de Recursos Humanos, Liliana Margot Chanamé; y el programador del Gran Teatro Municipal, Mauricio Manuel Salas .

Asimismo, se allanan las viviendas de las testigos Miriam Morales Córdova y Karen Roca Luque, secretaria general y asistente administrativa del despacho de la Presidencia de la República, respectivamente.

Todos ellos son investigados por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible en agravio del Estado.

La diligencia, bajo la conducción de la fiscal adjunta provincial Yenny Huacchillo Núñez, tiene por objetivo incautar todos aquellos bienes, especies y documentos relacionados al caso; así como ejecutar el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones para visualizar y extraer información, data digital y redes sociales vinculadas al mismo.

La investigación

Según las investigaciones, funcionarios del Ministerio de Cultura habrían favorecido a Cisneros con contrataciones por un monto total de 175,400 soles, mediante órdenes de servicio que habrían procedido sin justificación, sin experiencia. con montos sobrevaluados y por recomendaciones.

El pedido de allanamiento, autorizado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima se llevó a cabo antes de la difusión de los audios en el Congreso.

Fuente: Andina.