La decisión del Ministerio Público se concreta tras un pedido de la Procuraduría general del Estado para que evalúen otra vez los actuados en el caso. La medida también alcanza a los exministros María Alva (Economía), Elizabeth Hinostroza y Víctor Zamora (Salud).
La Fiscalía de la Nación informó que reabrió la investigación por el caso ‘pruebas rápidas’ contra el expresidente Martín Vizcarra, los exministros María Alva (Economía), Elizabeth Hinostroza y Víctor Zamora (Salud) por haber cometido los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado.
La decisión del Ministerio Público se tomó luego que la procuradora general del Estado, María Carhuajulca, y la exprocuradora Katherine Ampuero presentaron solicitudes de reexamen de los actuados que habían tomado en la indagación contra Vizcarra Cornejo y sus exministros. Por esa razón es que dispuso que 120 días sea el plazo para que tomar una serie de medidas.
«Recabar los actos de investigación que obran en la carpeta fiscal n° 131-2020 que se tramita ante el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, así como obtener la información de fuente abierta propuesta por los recurrentes, y otros actos de investigación», se lee en el comunicado emitido en sus redes institucionales.
La decisión de archivar el caso, tomada por la Fiscalía de la Nación, se había fundamentado en que el Instituto Nacional de Salud (INS) recomendó la compra de las pruebas rápidas, lo que descartaba la existencia de un acuerdo ilícito entre funcionarios y empresas.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, señaló en RPP que, tras realizar diversas diligencias y recabar declaraciones de varios ministros involucrados, no se hallaron pruebas suficientes de colusión.
A pesar de la decisión del Ministerio Público, el caso sigue generando controversia. En febrero de 2023, el Congreso había aprobado un informe que recomendaba acusar constitucionalmente a Vizcarra y a las exministras María Antonieta Alva, Elizabeth Hinostroza y Elizabeth Astete, acusándolos de interferir con las políticas de salud que priorizaban las pruebas moleculares en favor de las pruebas rápidas.
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