Rosío Torres, congresista investigada por recorte de sueldo.
Por Lupe Muñoz – Unidad de Investigación de Latina Noticias
La Fiscalía de la Nación amplió por 60 días adicionales la investigación contra la congresista de APP, Rosío Torres, acusada de recortar parte del salario de los trabajadores de su despacho. La acusación incluye no solo a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, a cuyas cuentas bancarias iban a parar el dinero recolectado, sino también a Nathaly Rubio Yllatopa, quien fue la única trabajadora que denunció con pruebas y audios a la parlamentaria.
Según un documento al que tuvo acceso Latina Noticias, la exsecretaria de Rosío Torres enfrenta esta medida debido a que dos trabajadores afirmaron haber transferido dinero a la cuenta de Rubio. En su declaración, Rubio mencionó que estos depósitos se realizaron por orden de la congresista Torres.
En una entrevista con Punto Final, Rubio Yllatopa reveló que, después de ser señalada como la «enemiga del despacho», inicialmente decidió renunciar, pero la congresista Torres se disculpó y le pidió que rompiera su carta de renuncia. Sin embargo, cambió de opinión después de las declaraciones de Miriam Tito Álvarez y Moisés Panduro Coral en la Comisión de Ética, quienes acusaron a Rubio de solicitar dinero a espaldas de Rosío Torres.
En abril pasado, el programa dominical de Latina reveló los nombres de otros seis trabajadores, y los montos que transferían a la cuenta de Juan Daniel Pérez Guerra, personaje que entraba y salía del despacho de la parlamentaria, incluso en días en los que la congresista se encontraba fuera de su despacho.
En junio pasado, la congresista Rosío Torres fue blindada por la Comisión de Ética del Congreso de la República. En una sesión se aprobó una sanción de solo 30 días de su remuneración como multa y una amonestación escrita, en lugar de la suspensión por 120 días, como lo recomendaba el informe final.
La congresista Cheryl Castro —miembro de APP, el mismo partido político al que pertenece Torres—planteó una cuestión previa para modificar la sanción impuesta y evitar que el informe final sea derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento. Con ocho votos a favor, tres en contra y una abstención, se aprobó la medida respalda por congresistas de las bancadas: Renovación Popular, Perú Bicentenario, Perú Libre y Acción Popular.
Durante una sesión pasada, la misma comisión del Congreso recibió el testimonio de la exsecretaria de Rosío Torres, Nathaly Rubio, quien la acusó de haberle pedido parte de su sueldo mensual así como la mitad de sus bonificaciones y viáticos por semana de representación.
Aquella vez, la extrabajadora señaló que no denunció el hecho en su momento por necesitar su trabajo: «No denuncié a la congresista en su momento porque soy madre y padre y tengo que trabajar. Estuve en silencio por mi trabajo». Esto sucedió tras dar su versión en un reportaje difundido por el dominical Punto Final, en el que se reveló el accionar de la congresista Torres contra sus trabajadores.
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