El Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se pronunció sobre el presunto desbalance patrimonial de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Se mostraron a favor de que se cursen investigaciones a la mandataria, así como de sus consecuencias legales.
En el comunicado publicado el lunes 25 de marzo, mediante sus redes sociales, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) empieza calificando a la situación que vive actualmente el país como un grave momento político a raíz del «desgobierno y el enraizamiento de la corrupción de las más altas esferas«.
Y que con respecto al presunto incremento patrimonial injustificado y no acreditado de la presidenta Boluarte, se debe realizar una «exhaustiva investigación en el Poder Judicial con las consecuencias legales que ello amerite».
«No respaldaremos actos manchados de ilegalidad y que pongan en peligro la gobernabilidad y la estabilidad del país«, enfatiza la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) en el comunicado, marcando así una distancia con la mandataria.
El actual consejo directivo de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales está compuesto por Werner Salcedo Álvarez de Cusco, como el presidente, Rosa Vásquez Cuadrado de Lima Regiones, como vicepresidenta y Gilia Gutiérrez Ayala de Moquegua, como secretaria
En respuesta al pronunciamiento del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, un grupo de 18 gobernadores encabezados por César Acuña, gobernador de La Libertad, respondieron señalando que el «Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales no puede arrogarse la representatividad total de los gobiernos regionales al emitir pronunciamientos que no han merecido el consenso de las autoridades que los representan». Además, señalaron que son conscientes de la existencia de amenazas al orden constitucional.
Estas declaraciones llegan en medio los cuestionamientos que se le sigue a la presidenta Dina Boluarte por la compra de costosos relojes marca Rolex, que según expertos serían hasta cuatro, como se informó en Punto Final. Objetos de valor que no se consignaron en la declaración jurada de bienes y rentas que presentó ante la Contraloría General de la República.
A esto se suma también lo reportado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad que señala que la mandataria ha recibido S/ 1,1 millones en sus cuentas de origen desconocido, entre los años 2016 y 2022.
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