Gobierno de Boluarte contrata en la DINI a asesor para el que Fiscalía pide 10 años de cárcel por corrupción

Hernán P. Floríndez
Unidad de Investigación.

La última semana de marzo, la Dirección Nacional de Inteligencia volvió a abrir sus puertas al capitán en retiro Iván Kamisaki Sotomayor. Su cargo de confianza se oficializó mediante la resolución directoral interna 046-2024-DINI-01, que fue declarada reservada por la institución ante una solicitud de información realizada por Latina Noticias.

La resolución contiene el nombramiento de Iván Kamisaki en el cargo de confianza de jefe de Gabinete de Asesores, nivel D3. Aunque la información se mantiene en reserva, su relación laboral con la DINI se puede corroborar abiertamente en la declaración de intereses que este presentó ante la Contraloría General de la República, a la que accedió la Unidad de Investigación Latina Noticias.

En 2011, cuando la entidad fue dirigida por Víctor Gómez Rodríguez durante el mandato de Ollanta Humala, Kamisaki fue su mano derecha, convirtiéndose en el número 2 de la institución. Ambos hombres de inteligencia gozaban de la confianza del entonces presidente Humala, una relación que, para la Fiscalía, fue el contexto para que se cometa un ilícito.

El año pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur presentó acusación fiscal contra Iván Kamisaki, Víctor Gómez y Ollanta Humala como autores y cómplices del delito de colusión agravada, debido a la compra -llena de irregularidades- del Proyecto Pisco, un sistema de interceptación de comunicaciones que le costó al estado peruano más de 21 millones de dólares. El Ministerio Público pide más de 10 años de prisión para cada uno de ellos. La última palabra será del Poder Judicial, quien tiene pendiente agendar el inicio del juicio oral.

El fiscal Hugo Minaya, del Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur, acusa a Iván Kamisaki de colusión, como cómplice primario de Ollanta Humala y Shafrir Paz, representante de la empresa Israelí que vendió los costosos equipos de interceptación telefónica a la DINI. La Fiscalía ha documentado que estos equipos de espionaje se compraron de manera irregular: bajo presión política, sin presupuesto público, direccionada, sin sustento y sin contrato.

Este antecedente, sin embargo, no parece preocupar al Gobierno de Boluarte. Tras la recontratación de Iván Kamisaki en la DINI, en marzo de este año, el funcionario imputado por Fiscalía empezó a despachar en Palacio con la presidenta de la República, en los momentos de mayor crisis de su gestión.

TRES REUNIONES CON LA PRESIDENTA

Durante la primera semana de abril, en medio de los días más convulsos para la presidenta debido a los avances de la investigación del caso Rolex, Iván Kamisaki sostuvo una reunión con ella por casi una hora. La reunión se registró el miércoles 03 de abril, y contó con la participación de Luis Máximo García Barrionuevo, director nacional de Inteligencia. Ese fue un día complicado para la mandataria: el fiscal de la Nación se presentó en el Congreso y anunció la ampliación de la investigación penal por el caso Rolex por nuevos hechos y faltas en sus declaraciones juradas. Al día siguiente, el 4 de abril, Boluarte debía presentarse ante la Fiscalía de la Nación para brindar su primera manifestación sobre el tema.

La presidenta y los funcionarios de inteligencia volvieron a reunirse dos semanas después, el lunes 15 de abril de este año, día en que la presidenta había recibido otra mala noticia: los resultados de una encuesta de DATUM revelaron que un 92% de los ciudadanos no creía su versión de defensa sobre la posesión de los relojes Rolex; y, además, que solo el 7% aprobaba su gestión, el porcentaje más bajo en las últimas dos décadas. La reunión esta vez se prolongó por casi tres horas, entre las 9:45 a.m. y pasadas la 1 de la tarde.

La última cita que Kamisaki, acusado formalmente por corrupción, ha tenido con la presidenta de la República, ocurrió el día del cumpleaños de la mandataria: el pasado 31 de mayo. El encuentro se registró entre las 12 del medio hasta las dos de la tarde, y en esta oportunidad quien los acompañó fue Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, y hombre de confianza de Boluarte. Temprano, ese día, periodistas de diversos medios de comunicación fueron encerrados durante una actividad pública de Boluarte, para evitar que se le haga preguntas, desatándose una ola de críticas contra la presidenta.

SU PAPEL EN EL CASO «PISCO»

La acusación penal que pesa sobre Iván Kamisaki señala que, aunque en la DINI no hubo por entonces requerimientos de las direcciones de línea para la compra del Proyecto Pisco, quienes se encargaron de hacerla fueron Víctor Gómez Rodríguez (entonces Director) y el propio Kamisaki Sotomayor, entonces Jefe de Gabinete de Asesores.

El propio Kamisaki fue quien recibió el encargo de indagar en el extranjero sobre posibles equipos de interceptaciones telefónicas para su adquisición. Luego se encargó de elaborar un “análisis comparativo” sobre cuál sería la mejor empresa; seleccionando finalmente a la empresa israelí Very Systems Ltd. La Fiscalía realizó un examen sobre ese informe y halló serias deficiencias.

La Presidencia del Consejo de Ministros, institución de la que depende la DINI, respondió a Latina Noticias indicando que la oficina de Recursos Humanos de Inteligencia “realizó la verificación de requisitos mínimos e impedimentos para el acceso a la función pública, determinando que [Kamisaki] no tiene impedimento para laborar en el Estado”. Además, mencionaron que su designación fue realizada en virtud de la “presunción de inocencia” y su “reconocida experiencia” en temas de seguridad nacional.

A través de un correo electrónico institucional la DINI evitó responder sobre el funcionamiento actual de los equipos comprados por Kamisaki. “Las consultas sobre el estado y otros aspectos del denominado Proyecto Pisco en el ámbito de inteligencia constituye información clasificada como ‘secreta’», mencionaron.

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