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Al borde de la fecha de plazo, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió observar la ley aprobada en el Congreso de la República que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia. Así lo informó el premier Gustavo Adrianzén en conferencia de prensa tras participar en el MUNI Ejecutivo Alcaldesas.

«Se acaba de enviar (la ley) al Congreso hace un par de horas, la ley ha sido observado. (…) Hay una serie de observaciones que tienen que ver con lo dispuesto en la norma. No tengo el detalle ahora mismo y no lo recuerdo y haría mal en declararlo. Pero la observación se hará pública en breve», indicó ante los medios de comunicación.

De esta manera, la iniciativa deberá regresar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento para revisar las observaciones hechas por el Ejecutivo. Los miembros de ese grupo de trabajo tendrán que analizar si las aceptan o promulgan la norma tal cual fue aprobada en diciembre pasado.

INICIATIVA PRIORITARIA

Como se recuerda, esta ley modificaba diversos artículos del Código Penal y del nuevo Código Procesal Penal para que fiscales y jueces estén prohibidos de solicitar y dictar detención preliminar y prisión preventiva contra policías en caso de herir o dar muerte a un delincuente en operativos o acciones contra el crimen. De no proceder así, serán sancionados.

Sin embargo, lo llamativo es que al final de la norma se incluye una disposición que deroga un inciso del artículo 261 del Código Procesal Penal, que se refiere a la detención preliminar en caso de no flagrancia.

Actualmente, un juez puede dictar detención preliminar, a solicitud de la Fiscalía, contra una persona que es investigada por presuntamente cometer un delito mayor a los 4 años, porque existe el riesgo de que fugue, obstruyendo así a la justicia.

Según el abogado penalista James Rodríguez, la norma podría haber sido usada por miembros de organizaciones criminales para evadir a la justicia. «Se deja sin efecto un artículo importante que da una puerta abierta para que organizaciones criminales y bandas delincuenciales puedan hacer uso de esta ley«, advirtió.

CUESTIONAMIENTO DE LA FISCALÍA

Desde el Ministerio Público hubo cuestionamientos contra el Congreso de la República. “Hago un llamado no para que se derogue la ley de inmediato, sino para que se declare un periodo de vacatio legis; que la ley siga promulgada, pero que no surja efecto mientras no se examine, eso es duro golpe en la lucha contra la seguridad ciudadana”, manifestó Víctor Cubas, vocero de la Fiscalía.

“Eso perjudica la lucha contra toda forma de delincuencia común organizada, la corrupción, los delitos más graves van a poder realizarse libremente. la policía está atada de manos con eso. La prisión preventiva fue reclamada por la policía por años para luchar contra la delincuencia”, señaló.

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