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El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Harvey Colchado, presentó un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar ser dado de baja por el Ejecutivo después de liderar el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte.

En el documento se precisa que el Estado, Poder Ejecutivo y Ministerio del Interior deben adoptar medidas para proteger el derecho a la vida de Harvey Colchado, por lo que considera una «amenaza permanente e inminente» el ser dado de baja de la PNP.

«Que, el Estado peruano a través del Ministerio del Interior, adopte las medidas adecuadas para proteger eficazmente los derechos de vida, en la vertiente de desarrollo y la integridad personales de Harvey Colchado y otros 800 policías que vienen sufriendo acoso desde el propio Ejecutivo, bajo la amenaza permanente e inminente de ser dados de baja de la Policía Nacional en venganza por haber participado en investigaciones fiscales que tienen que ver con alta corrupción en el poder y en el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte», se lee en el oficio.

Al respecto, el abogado de Colchado, Miguel Pérez Arroyo, indicó que en los últimos meses se han dado una serie de procesos sancionadores en contra de su patrocinado. El letrado sostiene que la orden de patrullaje al coronel respondería a una venganza política.

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