La denuncia constitucional presentada por seis congresistas en contra del Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación interino, plantea inhabilitarlo hasta por 10 años de la función pública debido una presunta infracción constitucional al designar a la fiscal Delia Espinoza a cargo de investigaciones preliminares
a congresistas, facultad que solo le correspondería realizar al propio fiscal de la Nación.
El documento enviado a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presentada por los parlamentarios en contra del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, responde a los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones.
En los fundamentos presentados en la denuncia constitucional, los congresistas señalan que de acuerdo al artículo 1 de la ley 27399, el fiscal de la Nación «es el único facultado para emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares de investigación a los congresistas«.
En este sentido, manifiestan que se trata de una transgresión al debido proceso que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena haya delegado a la fiscal suprema titular Delia Espinoza, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que investigue a 14 congresistas.
Cabe señalar que es la fiscal Delia Espinoza, señalada en la denuncia fiscal como un «funcionario de segundo nivel«, lleva cabo una investigación en contra de 14 congresistas por presuntamente formar parte de una presunta organización criminal encabezada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En la denuncia constitucional, los parlamentarios se muestran en contra de la disposición administrativa del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, que delega facultades la fiscal Delia Espinoza, ya que vulneraría el artículo 99 de la Constitución Política del Perú que solo habilita a realizar investigaciones por comisión de delitos a funcionarios del Estado al fiscal de la Nación, así como al artículo 66 del Decreto Legislativo N° 52 – Ley Orgánica del Ministerio Público.
Además de presuntamente pertenecer a una organización criminal liderada por la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides, la fiscal Delia Espinoza les imputa los delitos de cohecho pasivo específico, cohecho pasivo impropio, cohecho activo específico, cohecho activo genérico, patrocinio ilegal, tráfico de influencias agravado, y negociación incompatible en agravio del Estado peruano.
Lo que sigue es esperar el pronunciamiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a cargo de la congresista Lady Camones, para conocer si declara procedente o no la denuncia constitucional presentada por los seis congresistas mencionados.
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