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La Audiencia Nacional española estudiará el próximo miércoles si permite la extradición a Perú del exjuez César Hinostroza, quien está en prisión desde su detención en octubre en Madrid, tras darse a la fuga cuando era investigado por liderar una red de corrupción en el sistema judicial. La vista se producirá después de que Hinostroza se opusiera a ser entregado a las autoridades peruanas alegando persecución política en su país.
       
La misma sala que tomará la decisión acordó el pasado 13 de marzo mantenerle en prisión preventiva sin fianza, al rechazar el recurso del exjuez contra su ingreso en prisión, que había acordado el 19 de octubre el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, a la espera de que se resolviera la extradición.
       
En su recurso, la defensa de Hinostroza sostenía que los hechos que se le atribuyen no son constitutivos de delito y alegaba que abandonó Perú «por temor a que continuara la persecución política que estaba padeciendo» y a «sufrir vulneración de sus derechos fundamentales». 

Sin embargo, los jueces consideraron que los hechos que se le imputan son análogos a los de «negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y organización criminal» de la legislación española, con lo que se cumple el requisito de la doble incriminación que exige el procedimiento de extradición.

«Respecto a la persecución política y la posible afectación de derechos fundamentales se dará respuesta tras la vista extradicional», anunciaba el tribunal, que, atendiendo a «la naturaleza» de la reclamación, apreció además «un cierto riesgo de fuga que hace proporcionada la situación de prisión» y consideró insuficiente arraigo familiar el que tenga una hija viviendo en España. Hinostroza, quien fue localizado en Madrid tras pedir asilo en España (circunstancia que según el tribunal tampoco impide continuar con el procedimiento de extradición), tenía prohibida la salida de su país y abandonó presuntamente Perú por la frontera con Ecuador. 

El exjuez presidió la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú y era el juez de mayor entidad de una amplia red de tráfico de influencias, favores y prevaricación, conocida como «Los cuellos blancos del puerto», de la que también participaban políticos y empresarios, según la reclamación de la Justicia de Perú. El caso provocó la destitución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura y de gran parte de los jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao.