La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha emitido una resolución que obliga a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reevaluar el caso de destitución del exfiscal supremo Tomás Gálvez. Esta decisión surge tras un nuevo examen del recurso de reconsideración presentado por Gálvez, quien fue destituido en 2021 por involucrarse en conductas consideradas muy graves en el marco del caso «Los Cuellos Blancos del Puerto«.
En 2021, la JNJ concluyó que Gálvez había interferido indebidamente en las funciones de la Sala Suprema, dirigida entonces por el exjuez supremo César Hinostroza, en un caso que sacudió al sistema judicial peruano. La destitución se basó en conversaciones entre Gálvez y Hinostroza que demostraron un comportamiento que comprometía la integridad del proceso judicial.
Sin embargo, el exfiscal presentó un recurso de reconsideración que inicialmente fue rechazado por presentarse fuera del plazo establecido. Gálvez argumentó que su incapacidad para cumplir con el plazo se debió a una hospitalización urgente en una unidad de cuidados intensivos a causa del COVID-19, situación que la JNJ alegó no haber sido notificada adecuadamente.
La reciente orden de la Segunda Sala Constitucional no revoca la destitución de Gálvez, pero sí invalida la decisión previa de la JNJ de rechazar su recurso de reconsideración, abriendo la puerta a una nueva revisión del caso.
La JNJ ahora deberá revisar nuevamente el proceso y las alegaciones de Gálvez, considerando la información presentada sobre su estado de salud durante el período crítico del procedimiento original.
Tomás Aladino Gálvez Villegas es un fiscal supremo peruano que ha estado en el centro de controversias y escándalos judiciales en Perú. Gálvez fue una figura central en el caso conocido como «Los Cuellos Blancos del Puerto», un escándalo de corrupción que implicaba a jueces, fiscales y empresarios en esquemas de tráfico de influencias, corrupción y otros delitos dentro del sistema judicial peruano.
En 2021, Gálvez fue destituido de su cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por faltas muy graves relacionadas con este caso. Se le acusó de interferir en las funciones judiciales y de tener conversaciones comprometedoras con figuras clave como el exjuez supremo César Hinostroza, buscando influenciar decisiones judiciales y procesos legales.
Esta figura ha sido relevante en el sistema judicial de Perú, no solo por su rol como fiscal supremo, sino también por las acusaciones y procesos legales que han girado en torno a su conducta y las implicaciones de esta en la integridad del sistema judicial peruano.
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