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El jueves 13 de junio, con 90 votos a favor, el Pleno del Congreso acordó que vuelva a la Comisión de Constitución el nuevo dictamen de reforma constitucional para que personas que han sido condenadas por graves delitos no puedan postular a cargos de elección popular hasta 10 años después de haber sido rehabilitados.

Como se recuerda, en principio, la iniciativa legislativa proponía un listado de 13 delitos, pero ahora se han reducido a cinco: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín.

BEATRIZ RAMÍREZ: «EN 2018 SE APROBÓ UNA NORMA QUE PROHIBÍA QUE VIOLADORES ACCEDAN A CARGOS PÚBLICOS»

Al respecto, Beatriz Ramírez Huaroto, abogada constitucionalista, explicó en Punto Final que estamos retrocediendo, ya que fue en enero del 2018 cuando se aprobó por primera vez una norma que buscaba mejorar el perfil para acceder a cargos públicos de elección popular.

«Estamos retrocediendo. En el 2018 se aprobó una norma que le prohibía a gente violadora, narcotraficante o personas condenadas por terrorismo y otros delitos, así ya hubieran cumplido la condena, y así estuvieran rehabilitadas, así hubieran pagado la reparación civil, que pudieran acceder a cargos públicos«.

«El Congreso del 2018 lo aprobó, pero este TC, elegido por este Congreso, lo declaró inconstitucional a finales del 2022. Y gracias a esa sentencia es que estamos en este entuerto que durante tres legislaturas, este Congreso no ha podido aprobar ni siquiera lo que se había aprobado en 2018 porque lo único que había que hacer era pasarlo de ley a reforma constitucional y ni siquiera eso han podido hacer«, dijo la abogada.

BEATRIZ RAMÍREZ: «ESTO QUEDA AHÍ. YA NO LLEGARÍA PARA LAS ELECCIONES GENERALES DEL 2026»

Como se recuerda, la iniciativa es conocida como ‘Ley Antauro’ porque si se aprueba los candidatos presidenciales, como Antauro Humala, no podrán participar en las Elecciones Generales 2026. Además, al no incluirse el delito de homicidio, el exmandatario Alberto Fujimori también quedaba habilitado para postular ya que fue condenado por homicidio calificado.

Cabe señalar que, como se trata de una reforma constitucional, esta iniciativa requiere una votación especial: 87 legisladores en dos legislaturas consecutivas o 66 votos por referéndum.

«En esa discusión en el que todo el mundo se preocupa por intereses particulares, los violadores quedaron fuera. Y ni siquiera el consenso que hubo en enero del 2018 se puede elevar a reforma constitucional. Lamentablemente esto queda ahí porque vamos a llegar al calendario electoral a convocar el proceso electoral y tú no puedes cambiar normas electorales con el cronograma ya corriendo. Cuando esto se apruebe será para las subsiguientes elecciones».

«Ya no llegarían por las normas electorales, no llegarían para las elecciones generales del 2026. Vamos a ir con el menú que nos ha dejado el TC y este Congreso con su incapacidad de acordar aunque sea el mínimo que ya en el 2018 había acordado en ley», agregó Ramírez.

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