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La congresista María Cordero Jon Tay se encuentra en el centro de una polémica que involucra el uso de recursos públicos para gestionar asuntos personales durante su horario laboral. A pesar de esquivar las preguntas de la prensa, este nuevo señalamiento arroja luz sobre una cuestión legal importante que podría tener consecuencias serias.

Surge, entonces, la interrogante: ¿está la congresista haciendo uso de los recursos del Estado de manera inapropiada al emplear a subordinados en tareas no relacionadas con su función oficial? La respuesta parece más que obvia.

Para ponernos en contexto, la congresista María Cordero Jon Tay se encuentra, nuevamente, en medio de una controversia después de un incidente registrado por cámaras de seguridad en una entidad estatal de Miraflores, el pasado 15 de agosto. Acompañada por un hombre, su empleado, la parlamentaria visitó las oficinas de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI), lo que ha suscitado preguntas sobre sus acciones y su relación con una ONG vinculada a su familia.

Este episodio se suma a las investigaciones en curso relacionadas con la denuncia de «mochar sueldos» a trabajadores de su despacho parlamentario. Por lo que, su caso revela el uso indebido de recursos públicos en actividades privadas.

De acuerdo al abogado penalista Luis Vivanco, cuando un funcionario público, como un congresista, utiliza recursos del Estado que se le han encomendado en calidad de administración, y lo hace en beneficio propio o de terceros, podría estar cometiendo el delito de peculado. El peculado implica el uso indebido de fondos o recursos públicos y es una infracción penal grave en muchos sistemas legales.

La congresista, al emplear a su subordinado, quien recibe una remuneración estatal, para llevar a cabo actividades no relacionadas con su función oficial, podría haber incurrido en una conducta irregular. Este delito puede conllevar sanciones legales significativas, incluyendo la pérdida de su cargo y acciones legales en su contra.

ONG CUESTIONABLE

La congresista María Cordero Jon Tay se presentó en las oficinas de la APCI con una mascarilla que cubría gran parte de su rostro. Además, el hombre que la acompañaba en su visita era Ronald Castillo Rojas, un técnico de su despacho parlamentario. Los registros de la agencia señalan a la parlamentaria como representante legal de su ONG ‘Amistad Perú latinoamericana’, mientras que otros familiares ocupan cargos directivos en la misma.

El uso de recursos del Estado en actividades no relacionadas con sus deberes oficiales y el registro de su empleado en una ONG vinculada a su familia podrían requerir una respuesta y explicación ante las autoridades pertinentes.