Tras la decisión de la Corte Superior de Justicia que declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa legal de Mauricio Fernandini Arbulú y que ordenó su excarcelación inmediata, se establecieron ciertas restricciones para el periodista, quien estuvo en prisión preventiva desde octubre 2023.
La medida de prisión preventiva, que fue argumentada como excesiva e injustificada por la defensa de Fernandini, fue revocada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, con el voto discordante de la jueza superior Sonia B. Torre Muñoz.
Entre las condiciones impuestas por el tribunal está la prohibición de comunicación con testigos y coimputados, es decir, se le ha prohibido estrictamente comunicarse con un listado específico de personas involucradas en la investigación. Entre ellas están: Sada Angélica Goray Chong, Geiner Alvarado López, Salatiel Marruto Alcántara, entre otros.
Por otro lado, otra de las condiciones es que Fernandini deberá abonar una caución económica de treinta mil soles, la cual debe ser depositada en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dentro de un plazo de diez días hábiles.
Las otras condiciones impuestas están: la obligación de no ausentarse del domicilio fijado en su declaración, presentarse ante la autoridad fiscal y/o judicial cuando sea requerido, y comparecer cada quince días para informar sobre sus actividades ante el juzgado.
El Poder Judicial ha determinado imponer un régimen de comparecencia restringida para Mauricio Fernandini. Esta medida implica que el periodista tiene prohibido ausentarse de su domicilio sin autorización expresa.
Como recordamos, en octubre de 2023, el Poder Judicial ratificó la orden de prisión preventiva por un período de treinta meses contra Sada Goray y Mauricio Fernandini. Ambos enfrentan cargos por el presunto delito de colusión agravada, además de otros delitos en perjuicio del Estado.
La detención de Sada Goray y Mauricio Fernandini ocurrió en julio de 2023. Posteriormente, casi un mes después, se les dictó prisión preventiva. Esta medida fue confirmada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, que consideró que existían suficientes indicios y riesgo procesal que justificaban mantenerlos en prisión mientras se llevaban a cabo las investigaciones.
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