En respuesta a la reciente solicitud de anulación de exclusividad en los servicios del puerto de Chancay, la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, habló en exclusiva con Latina Noticias y señaló que esta disposición no está contemplada.
«No está previsto que se otorguen este tipo de exclusividades. El inconveniente no pasa porque se perjudique inmediatamente el mercado porque todavía no ha entrado el puerto en competencia, sino que solamente podría prestar estos servicios el mismo terminal portuario y no se daría cabida a otro tipo de usuarios intermedios que quisieran prestar esos servicios«, declaró Verónica Zambrano.
En relación al informe conjunto que, según Ositran, podría indicar la presencia de una «barrera burocrática», la presidenta de este organismo indicó que fueron convocados por la Autoridad Portuaria para llevar a cabo este análisis y determinar la existencia o ausencia de competencia.
«Recientemente hemos sido notificados por la Autoridad Portuaria para iniciar este estudio y determinar si existe competencia o no, inmediatamente notificar a INDECOPI y ellos nos confirmen. Luego de ello, la Autoridad Portuaria podrá hacer una propuesta tarifaria. Esto recién se está haciendo este año y nosotros para poder definir necesitamos saber si se mantendrá la exclusividad«, puntualizó.
La Comisión de eliminación de barreras burocráticas (CEB) de INDECOPI inició una investigación luego de recibir una denuncia informativa presentada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). Esta apunta a la supuesta existencia de una barrera burocrática impuesta por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) al otorgar exclusividad en la explotación de servicios portuarios a Cosco Shipping Ports, actual operador del puerto de Chancay, según lo reportado por Latina Noticias.
De acuerdo con un comunicado emitido por el área de prensa del INDECOPI, la denuncia se encuentra actualmente en proceso de investigación y evaluación por parte de la Secretaría Técnica de la CEB. Se estima que se cuenta con un plazo de hasta 45 días hábiles para determinar si se inicia un procedimiento de oficio o si se archiva la denuncia. La fecha límite para esta decisión es el próximo 2 de mayo de 2024.
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