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El Ministerio Público emitió un comunicado este viernes, 29 de marzo, exhortando los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez, y al periodista Gustavo Gorriti, así como a la opinión pública, a no atribuir «intenciones espurias» a la investigación preliminar en curso. La fiscalía aseguró que esta pesquisa, relacionada con presuntos delitos de cohecho activo y pasivo específicos, no implica criminalizar a ningún individuo.

El comunicado llega horas después de que el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay iniciara diligencias preliminares en relación con las declaraciones del exasesor Jaime Villanueva, que involucran a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en presuntos delitos de organización criminal y otros. Las pesquisas se dirigen al periodista Gustavo Gorriti y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como a Óscar Nieves Vela y Janet Talavera por los presuntos delitos de cohecho activo específico, pasivo específico, tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Estas acciones se basan en testimonios relacionados con el caso Lava Jato y sus implicaciones en la gestión de la investigación.

Jaime Villanueva, exasesor de la cuestionada Benavides, proporcionó información sobre presuntas influencias ejercidas por el periodista Gorriti en investigaciones judiciales, específicamente en el caso Lava Jato y el denominado caso Cocteles. Según su testimonio, Gorriti habría tenido reuniones con altos funcionarios del Ministerio Público, lo que habría generado tensiones y cuestionamientos sobre la imparcialidad de las investigaciones.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, denunció en su cuenta la criminalización del periodismo de investigación y la lucha contra la corrupción. «Se está criminalizando a los operadores de justicia», escribió.

¿QUÉ DICE EL COMUNICADO DE LA FISCALÍA?

En el comunicado, la Fiscalía enfatizó que todos los investigados están protegidos por el derecho constitucional a la presunción de inocencia. «Investigar no implica ‘criminalizar’ a nadie, ni siquiera al investigado. Solo un juez, tras el debido proceso, puede declarar delincuente a una persona», afirmó la institución.

Además, el Ministerio Público subrayó la importancia de distinguir entre la desagradable situación de estar bajo investigación y atribuir al ente investigador una intención contraria al ordenamiento jurídico. Según la fiscalía, su rol constitucional se limita a cumplir con su deber de investigación, sin prejuicios ni hostilizaciones.

El documento también aborda el derecho a la investigación, indicando que «nadie tiene derecho a no ser investigado, a menos que la denuncia no reúna las características de la llamada sospecha inicial». La fiscalía recalcó que la investigación se centra en determinar si las conductas denunciadas efectivamente ocurrieron.

Respecto a las preocupaciones sobre el levantamiento del secreto de comunicaciones, el comunicado aclara que este procedimiento requiere una resolución judicial y no implica una prohibición para que el Ministerio Público requiera información sobre comunicaciones de una persona investigada. El órgano jurisdiccional será quien decida sobre este asunto, después de un proceso contradictorio y con argumentos presentados por las partes involucradas.