Ministro de Justicia recorrió penal de inteligencia artificial y máxima seguridad en El Salvador

El ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Eduardo Arana, viajó a El Salvador para reunirse con miembros del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Nayib Bukele. El objetivo fue conocer de primera mano las estrategias de seguridad que implementó el país centroamericano, como el Plan Control Territorial y la Guerra contra Pandillas.

Arana, junto a otros delegados, realizaron un recorrido por las instalaciones del Penal de Inteligencia Artificial de Zacatecoluca, donde conocieron los sistemas del centro penitenciario, según informó Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador.

El penal conocido también como “Zacatraz” alberga, en su mayoría, internos que son miembros de estructuras criminales. De hecho, se conoce que el centro tiene tres niveles subterráneos. En el primero se encuentran pandilleros del Barrio 18, organización terrorista​​ criminal transnacional; en el segundo y tercer sector hay pandilleros de la Mara Salvatrucha, otro grupo terrorista.

Por ello, el monitoreo es constante y se realiza a través de una pequeña abertura en la puerta, por donde las personas sacan las manos para ser esposados y salir de su celda. Los más de 630 criminales pasan 22 horas del día entre cuatro paredes y permanecen controlados en todo momento.

El gobierno de Nayib Bukele destacó la visita del ministro de justicia peruano a su país para conocer la política penitenciaria:

«Las políticas de seguridad implementadas por el Presidente Nayib Bukele han convertido a El Salvador en un modelo de referencia regional, sirviendo de inspiración para otras naciones. El Gabinete de Seguridad recibió la visita de autoridades de Justicia de Perú, interesados en conocer de cerca los éxitos obtenidos a través del #PlanControlTerritorial y la #GuerraContraPandillas», escribió el ministro de justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro.

Países de la región buscan replicar el modelo de seguridad implementado con éxito por el Presidente @nayibbukele en El Salvador. Recibimos a autoridades de Justicia de Perú para que conocieran de primera mano los resultados y las acciones ejecutadas como parte del… pic.twitter.com/eLUPnEQsp0

— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) February 26, 2024

«Hace una década, El Salvador era clasificado como el país más peligroso de Latinoamérica. En la actualidad, diversas naciones buscan aprender de nuestras estrategias de seguridad para combatir y erradicar el crimen organizado en sus propios territorios. Esta transformación no solo representa un cambio significativo a nivel nacional, sino también refleja el interés internacional en comprender y aplicar nuestras experiencias como soluciones efectivas en sus propias realidades», agregó en un tuit.

El titular de la cartera de Justicia, junto a su equipo, conocieron aspectos de la formación de futuros policías en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y pudieron observar el Plan Cero Ocio, iniciativa que busca un eficiente proceso de resocialización para privados de libertad en fase de confianza. Por último, Eduardo Arana y Gustavo Villatoro intercambiaron experiencias en el combate de crimen organizado y los grupos terroristas.

Según la resolución que autorizó el viaje de Arana a El Salvador, este intercambio de información será útil respecto a la implementación de la Política Nacional Penitenciaria a 2030, que pretende reformar el sistema penitenciario en nuestro país.

«Ojalá podamos implementar (estas cárceles) aquí en el Perú (…) La logística carcelaria (en el Salvador) se ha convertido en una infraestructura adecuada, moderna y eficiente para que acudan, sobre todo, los presos más violentos y los más peligrosos», señaló Alberto Otárola en una conferencia de prensa la semana pasada.

Recordemos que hace una década, El Salvador era clasificado como el país más peligroso de Latinoamérica. Sin embargo, de acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022 más de 75.100 personas han sido detenidas en El Salvador, acusadas de ser pandilleros o colaboradores, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.

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