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Por Diana Decurt | @DianaDecurt

La presidenta Dina Boluarte convocó el martes 9 de enero una sesión del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia en Palacio de Gobierno en el que participaron la mandataria, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo; el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena; así como los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza; Tribunal Constitucional, Francisco Morales; Contraloría, Nelson Shack; y Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez.

De acuerdo a un comunicado emitido por el Palacio de Gobierno, el objetivo de la reunión «fue encontrar consensos para alcanzar una justicia proba y eficiente, y de esta manera combatir la inseguridad ciudadana». Hace dos años que no se realizaba una sesión de este consejo.

Lamentablemente, pese a que las instituciones que imparten justicia se han visto relacionadas con escándalos que comprometen su trabajo, autonomía y transparencia, en la sesión no se llegó a ningún pacto.

No obstante, el ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa, se mostró optimista. En una entrevista exclusiva para Latina Noticias, el titular explicó con detalle qué se buscó con esta reunión, sus complicaciones y lo que se viene a futuro con la reforma del sistema de justicia.

MINISTRO ARANA EXPLICA QUÉ SE HIZO ANTERIORMENTE EN EL CONSEJO DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

«El Consejo de la Reforma del Sistema de Justicia determinó ciertas pautas, como por ejemplo, la interoperabilidad del sistema de justicia, es decir, que tanto la información que exista en el Poder Judicial como en el Ministerio Público pueda ser compartida», mencionó como ejemplo.

Este vendría a ser uno de los nueve puntos que asegura el ministro se plantearon como objetivos en anteriores comisiones de este consejo. Otras metas que aspiran cumplir son el acceso a la justicia para todas las personas, fortalecer los recursos humanos de las instituciones, mejorar el ejercicio y formación para la abogacía, etc.

Pero, ¿acaso estos propósitos son inalcanzables? Pues parece que eso pensó el Ejecutivo en un primer momento, hace tres años, según comentó Arana.

«¿Cómo las hago? Esto me va a costar. Se estableció una primera aproximación de que el costo del sistema de justicia en los próximos cuatro o cinco años podría rondar más o menos S/ 1.000 millones anuales», precisó. Una cantidad exorbitante, evidentemente, que frenó la iniciativa del entonces Gobierno de Pedro Castillo.

«¿Qué pasó? No hubo la voluntad política en ese entonces y se archivó. Esto ocurrió hace 3 años. La presidenta Boluarte tuvo una primera intención, pero no se pudo durante todo el año pasado convocar a los actores de justicia», explicó. Este último punto es importante de señalar.

CONVOCAR A LOS ACTORES PARA EL CONSEJO FUE OTRO DESAFÍO, CONTÓ ARANA

El Tribunal Constitucional (TC) se alejó en julio de 2019 del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, durante la presidencia del magistrado Ernesto Blume, ya que consideraron que se podría presentar una situación de conflicto de intereses si luego que se apruebe una reforma, alguna de las instituciones involucradas presentaba una demanda de inconstitucionalidad.

No obstante, cuatro años y cinco meses después, el 9 de enero 2024, el actual presidente del TC, Francisco Morales Saravia, participó en la sesión del referido grupo de trabajo interinstitucional. «Preparamos unas reuniones previas, titular con titular, explicamos la naturaleza de nuestra preocupación y dijimos ‘pongámonos manos a la obra'», detalló Arana.

Ante este positivo panorama, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, brilló por su ausencia. El ministro señaló que por temas de agenda, no pudo asistir. «El Congreso sabía que estábamos trabajando un proyecto muy interesante, del Gobierno nacional que involucra a todos los actores del sistema de justicia», afirmó.

¿La presencia de Soto habría generado debate entre los actores presentes? Recordemos las cuestionables propuestas de algunos legisladores que buscarían cambios significativos en el sistema de justicia.

¿EL CONGRESO VS. ACTORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA? ESTO OPINA EL EJECUTIVO

Por ejemplo, en la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Martha Moyano, se presentó un proyecto de ley de la parlamentaria de Avanza País Patricia Chirinos, quien propone cesar a los miembros de la JNJ que superen los 75 años.

Por su parte, la congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, planteó reformar el artículo 99 de la Constitución para someter a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a procesos de antejuicio y juicio político.

Y no olvidemos la propuesta de Gladys Echaíz, congresista de Renovación Popular, quién planteó que una nueva entidad reemplace a la JNJ. De hecho, el proyecto de ley también sostiene que el Jurado Nacional de Elecciones elija a los jefes de la ONPE y del Reniec cuando la Junta Nacional de Justicia tiene esta función.

Al respecto, el ministro de Justicia aclaró que las iniciativas discutidas en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia no provienen del Ejecutivo, sino de todos los actores de justicia. Por ello, sostiene que para que la reforma funcione debe nacer en consenso.

«No es una propuesta del Poder Ejecutivo, es una propuesta de todos los actores del sistema de justicia y hay algo que hay que tener en claro, para que la reforma del sistema de justicia funcione no puede ser privativo de una sola entidad o de un solo poder del Estado, quien considere que uno tiene la verdad, está equivocado», precisó.

«Entonces toda propuesta tiene que nacer del consenso, de experiencia, del aporte de los actores y tiene que pasar necesariamente por el Congreso que es el canal natural y regular. Todos los proyectos son bienvenidos siempre y cuando los actores participen», agregó.

De hecho, el ministro indicó que para evitar «atacar la autonomía e independencia de las instituciones», se debe conversar. A la vez que notó un importante defecto en la propuesta de Echaíz: el retroceder a 2019 y convertir a la JNJ en un Consejo Nacional de la Magistratura.

«Uno de los grandes problemas que vimos era que no contaba con el Concurso de la Academia de la Magistratura, siempre fue uno de los aspectos cruciales», resaltó Arana. Esto debido a que la entidad elige a los magistrados, pero no los forma.

LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA EMPEZARÍA REALMENTE EN MARZO 2024

En marzo, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia se reunirá nuevamente, pero esta vez las iniciativas serán más claras, o eso asegura el ministro, quien explicó que desde su cartera, el llamado Consejo Técnico tendrá la función de desarrollar pautas con los insumos que las demás instituciones van a brindar, con el fin de que en la próxima sesión se tengan propuestas más aterrizadas.

Pero, ¿cuáles fueron estas propuestas iniciales que será la base de una próxima sesión? Esto señaló Arana.

La primera fue la institucionalidad democrática, es decir, que se respete la autonomía, independencia y se les brinde a las entidades la posibilidad de ser siempre escuchadas.

El segundo punto fue crear un informe que contenga un diagnóstico general. Esto implica que cada institución indique al Consejo Técnico aspectos a tomar en cuenta en la actualidad. De hecho, al respecto, según el ministro, la presidenta se comprometió a proporcionar presupuesto a tres proyectos importantes que cada entidad necesite.

Por último y como tercer punto se tiene la lucha anticorrupción. «En el sistema de justicia hay corrupción, sí, por eso hay que encontrar la forma de cómo enfrentarlo», precisó Arana.

Se desea que en los próximos meses, finalmente el Consejo de la Reforma del Sistema de Justicia impulse eficazmente reformas en el sector, así como que coordine la ejecución de políticas por parte de los integrantes de este sistema y también realice un seguimiento a la ejecución e implementación del proceso que implicaría esta tan esperada reforma.

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