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El reciente nombramiento del nuevo Ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, ha suscitado polémica tras revelarse una serie de investigaciones fiscales y procesos judiciales pendientes en su contra.

Según una declaración jurada, Ortiz Acosta se encuentra inmerso en cinco procesos judiciales que permanecen activos, a abarcados desde 1997 hasta 2019. Dichos procesos abarcan acusaciones que van desde colusión agravada, delitos hasta contra la administración pública, cohecho y abuso de autoridad. Uno de los casos más recientes, fechado en 2019, se relaciona con colusión agravada durante su cargo como coordinador general de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro.

La juramentación de Ortiz Acosta fue el pasado 1 de abril en el Palacio de Gobierno. Ortiz Acosta es General en retiro de la Policía Nacional del Perú con 38 años de servicio. Asimismo, es Magister en Gestión Pública, licenciado en Administración y Ciencias Policiales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciado en Educación. El actual ministro del Interior, no es ajeno al ámbito gubernamental, habiendo ocupado previamente el cargo de director general de la Dirección contra el Crimen Organizado en el sector.

Walter Ortiz no pasó filtro de PCM para ser viceministro del Interior este año

Su nombre estuvo en consideración para asumir el puesto de viceministro de Orden Interno, aunque esta designación no se materializó debido a recomendaciones surgidas durante una revisión de documentos por parte de la Oficina de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Las respuestas del Ministro Ortiz Acosta han sido evasivas. Aunque no negó haber sido recomendado para el cargo de viceministro por el exministro Víctor Torres, tampoco ofreció detalles al respecto. Por su parte, el Ministerio del Interior confirmó que Ortiz Acosta fue propuesto para el cargo de viceministro, pero no explicó por qué esta designación no se concretó.

La controversia en torno a las investigaciones pendientes del Ministro del Interior plantea interrogantes sobre su idoneidad para ejercer el cargo y sus implicaciones en la lucha contra la corrupción en el país.