El Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dictaminó 18 meses de impedimento de salida del país en contra de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley declaró fundado en parte el requerimiento solicitado por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos que, en un inicio, solicitó 36 meses. En ese sentido, el tiempo se computará desde este jueves 29 de agosto de 2024 hasta el 28 de febrero de 2026.
«Sin embargo, de acuerdo a las razones expuestas en la presente resolución, se advierte que la referida investigada cuenta con arraigo laboral (es docente de la USMP) y arraigo familiar (tiene hijas menores de edad), más aún en las pasadas fiestas patrias salió con destino al país vecino de Chile y retornó, por lo que un plazo adecuado al estadio de las investigaciones que está en fase de diligencias preliminares, la complejidad del caso, el interés del Ministerio Público y del país, siendo que está llevándose adelante de manera dinámica, esta judicatura estima como suficiente fijarla en 18 meses, prorrogables en caso de ser necesario«, se argumentó en la resolución judicial.
Asimismo, el Poder Judicial informó que la resolución será notificada a la División de la Policía Judicial y a la Superintendencia Nacional de Migraciones. «Ofíciese por secretaría al Jefe de la División de la Policía Judicial y Documentario de la Superintendencia Nacional de Migraciones, para el registro de la medida y conocimiento de las unidades policiales a nivel nacional«, agregaron.
A Benavides Vargas se le acusa de ejercer como cabecilla de una presunta banda criminal gestada en el Ministerio Público. Además, por supuestas acciones ilícitas para remover al fiscal superior Rafael Vela y al fiscal provincial José Domingo Pérez, presuntas coordinaciones con congresistas para inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y elegir al defensor del Pueblo.
Por ello actualmente está siendo investigada actualmente por la presunta comisión del delito de organización criminal agravada, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, cohecho activo genérico, tráfico de influencias simple y tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio, en agravios.
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