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El Poder Judicial (PJ) declaró improcedente la tutela de derechos presentada el 26 de febrero del presente año por la destituida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la investigación que se le sigue por presuntamente liderar una organización criminal en el Ministerio Público denominada ‘La Fiscal y su cúpula de poder’.

La defensa legal de Benavides alegó una presunta vulneración a los derechos debido a la realización de diligencias paralelas que se llevan a cabo como parte de las investigaciones, lo que, según el equipo legal de la exfiscal de la Nación, impide la participación y coordinación de sus abogados porque no se permite el ingreso de celulares a las tomas de testimonios de los testigos.

En ese sentido, tomaron de ejemplo la toma de la declaración del abogado Roy Gates, la cual inició a las 8:20 a. m. y se extendió hasta las 4:45 p. m. Y ese mismo día, a las 11:05 a. m., se programó la declaración de otra testigo: Fiorella Casique Alvizuri, lo que consideran como una acción que vulneran «los derechos al debido proceso, a la igualdad de oportunidades, el principio de legalidad y el derecho de defensa«.

No obstante, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, determinó que la tutela de derechos presentada por Patricia Benavides no cuestionaba actos pasados, sino que pedía que se ordene al Ministerio Público que evite diligencias paralelas en actos futuros. Además, manifestó que nunca se citó a dos personas a dar su declaración contra Benavides Vargas al mismo tiempo.

«Lo anterior no impide, en modo alguno, que de presentarse alguna situación durante las diligencias preliminares, que la defensa considere restrinja o vulnere su derecho de defensa, u otros derechos, pueda efectuar las objeciones o reclamos que considere pertinentes«, argumentó el Poder Judicial.

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