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El Segundo Juzgado Penal Colegiado decidió condenar hoy al expresidente de la República, Alejandro Toledo (2001-2006), a 20 años y 6 meses de prisión efectiva por cometer los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.

El tribunal resolvió que Toledo recibió 35 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur. La entidad dispuso que el exmandatario reciba también una inhabilitación de 3 años de la función pública.

Durante la lectura de la sentencia, los magistrados concluyeron que Toledo se interesó en que la buena pro para la construcción de la Interoceánica sea entregada a Odebrecht. Para ello, agregaron que se aprovechó de su cargo como jefe de Estado para realizar una serie de acciones.

Para la justicia, Toledo acordó con funcionarios de Odebrecht en Río de Janeiro (Brasil) cómo se daría el proceso de adjudicación de la Interoceánica. En esta reunión habría estado acompañado por su fallecido amigo Josef Maiman.

Luego, anotaron que el expresidente ordenó reuniones entre servidores públicos y directivos brasileños en Palacio de Gobierno.

«Al haberse demostrado un rosario de irregularidades, una injerencia inusitada, una aceleración del proceso y la intervención directa e indirecta del señor Toledo en el proceso, ha realizado la conducta típica de la infracción del deber, defraudando al Estado», señalaron en la audiencia.

OTROS CONDENADOS Y ABSUELTO

De otro lado, el Poder Judicial ordenó que Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font Quevedo, exmiembros del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, reciban una condena de 9 años por el delito de colusión y una inhabilitación de la función pública por 3 años.

Para Fernando Castillo Dibós, exgerente de la constructora Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (ICCGSA), se le impuso 14 años y 6 meses por los delitos de colusión y lavado de activos.

En los casos de Bravo Orellana, Pasco-Font y Castillo Dibós se dispuso que sus prisiones no sean efectivas, sino suspendidas. Sin embargo, los condenados deberán cumplir una serie de reglas de conducta como impedimento de salida del país, acudir al Poder Judicial para el control de sus actividades y no variar de domicilio.

En tanto, Avi Dan On, exjefe de seguridad del expresidente Toledo, ha quedado absuelto del delito de colusión debido a que si bien era el intermediario entre el entonces mandatario y Odebrecht, no tenía ningún tipo de influencia ya que no tenía un cargo público.

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