Por Rodrigo Chillitupa | @RodrigoCT_94
El Poder Judicial ordenó que el fiscal superior Rafael Vela Barba sea repuesto en la coordinación del Equipo Especial del caso Lava Jato y de las Fiscalías de Lavado de Activos. Esta decisión se da luego que se declarará fundada la medida cautelar que presentó contra la suspensión de 8 meses y 15 días que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público le impuso en noviembre del 2023.
En la resolución de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, al que Latina Noticias tuvo acceso, se lee que la sanción dictada contra Vela Barba, por criticar a los jueces de una sala superior que dispusieron la liberación de la excandidata presidencial Keiko Fujimori en el 2020 a pesar de que está procesada por el caso Odebrecht, quede sin efecto de manera provisional.
Además, el colegiado integrado por los magistrados Oswaldo Ordoñez, Andrés Tapia y Bacilio Cueva también se cuestionó el fallo en primera instancia emitido por la magistrada Ana del Rosario Osorio Sosa, quien se declaró «incompetente» para resolver y porque anotó que el caso debería ser resuelto por «jueces especializados en lo contencioso administrativo» y no mediante un proceso constitucional.
«En otras palabras, formalmente dijo que ‘carecía de objeto’ resolver el pedido cautelar pero materialmente hizo una declaración de improcedencia por incompetencia material. Como ya se sostuvo, consideramos que la devolución del expediente a la instancia inferior para emitir nuevo pronunciamiento sería una práctica dilatoria pues la a-quo volvería a emitir el mismo pronunciamiento en tanto ya se declaró incompetente, y tal como se ha señalado precedentemente no existe ninguna barrera procesal que impida a esta sala emitir pronunciamiento sobre lo peticionado», se lee en el documento.
Cabe recordar que el fiscal superior Rafael Vela Barba había señalado que el pedido de suspensión, al que calificó como «injusta, arbitraria e injusta», había sido presentada por la jueza Sonia Torres porque en el 2018 solicitó que sea apartada del juicio oral que se le sigue contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), por el presunto delito de lavado de activos a raíz de los aportes a sus campañas electorales, porque carecía de «imparcialidad».
Además, Vela agregó que se le vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso porque lo castigaron cuando había recursos pendientes de resolver que hubiese cambiado significativamente su situación.
“Por ende, al emitirse la resolución (…) vulnera flagrantemente los derechos fundamentales que me asisten: defensa y debido proceso. Y, por ende, también se han quebrantado los principios que rigen el procedimiento disciplinario: debido procedimiento, verdad material y presunción de licitud”, alegó.
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