Ejecutivo solicitó que haya un pleno extraordinario del Congreso el 1 de julio

El Gobierno de Dina Boluarte solicitó al titular de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Soto, que convoque a un pleno extraordinario con el objetivo de que se someta a segunda votación el pedido de facultades para legislar en temas de materia económica, seguridad ciudadana, defensa nacional, entre otros. Cabe recordar que el último sábado 15 de junio hubo un respaldo en este asunto.

Latina Noticias accedió al documento oficial enviado por el Ejecutivo al Parlamento para que dicha sesión especial se haga el lunes 1 de julio desde las 10 de la mañana. Esto coincide también con el anuncio hecho el último martes 18 de junio por el premier Gustavo Adrianzén, quien reveló que había sostenido coordinaciones con el presidente del Parlamento para ver este asunto.

«Presumo que en los próximos días vamos a enviar la comunicación oficial para recibir fecha y hora para la realización de esta sesión extraordinaria», manifestó en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

Documento enviado por la Presidencia de la República al Congreso.

¿QUÉ APROBARON SOBRE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES?

La presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, fue la encargada de sustentar el texto sustitutorio ante el Pleno sobre los puntos que fueron considerados para darle facultades legislativas al Gobierno de Boluarte. Además, adjuntó algunas sugerencias como realizar un ajuste fiscal del Producto Bruto Interno (PBI) con el fin de que el déficit fiscal sea del 2% al cierre de este 2024.

Además, se agregó que el Ejecutivo pueda legislar para mejorar y fortalecer las competencias del Instituto del Mar del Perú, cuya institución está regulada bajo la ley desde 1981. Otros puntos también se consideraron dentro del paquete enviado desde Palacio de Gobierno:

2.1 Referido al fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos.
2.2 Mejora de la calidad de la inversión pública.
2.3. Fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado.
2.4. Reducción de costos de transacción.
2.5. Acceso y competencia en servicios financieros.
2.6. Equilibrio fiscal.
2.7. Tributaria.
2.8. Política criminológica y penitenciaria.
2.9. Desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay.
2.10. Seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital.