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La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) presentó un proyecto de ley para derogar la norma que realiza modificaciones a la Ley contra el Crimen Organizado que se aprobó en julio pasado en el Pleno del Parlamento. La iniciativa cuenta con el respaldo de sus colegas de bancada, Isabel Cortez y Sigrid Bazán.

Según el documento, Luque apunta a que se reincorpore algunos términos respecto a qué se consideraba por organización criminal. Además, añade cómo se podría identificar que estamos ante una red presuntamente corrupta y cómo los miembros del Ministerio Público deberían actuar frente a las personas que se encuentran en calidad de investigados por este delito de manera preliminar.

«La ley aprobada en la práctica se convirtió en una ley de impunidad para el crimen organizado, la misma que obstaculiza el correcto desenvolvimiento de la policía y el Ministerio Público en caso de allanamientos; iniciativa que tuvo desde sus principios un objetivo político, el cual es favorecer directamente a algunos partidos políticos procesados por organización criminal», se lee en el documento.

Ahora, la propuesta pasará a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con el fin de que sea debatida y a consideración de sus integrantes que tendrán que votar si respaldan o no. Por lo pronto, hay bancadas que tienen a sus jefes políticos investigados por crimen organizado en la Fiscalía de la Nación.

CONGRESISTAS QUE SE ACOGIERON A PROPUESTA

Tras la promulgación de la norma sin la observación del Ejecutivo, algunos parlamentarios ya lo han usado para tratar de archivar indagaciones en el Ministerio Público. El primero de ellos fue Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva de Eduardo Salhuana, que busca encarpetar el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, donde se encuentra incluido el prófugo Vladimir Cerrón.

El último en acogerse a la polémica norma ha sido José Luna Gálvez, congresista y líder de Podemos Perú, por el caso ‘Los Gánsteres de la Política’.

La defensa legal de Luna presentó el requerimiento de excepción de improcedencia de acción ante el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, cuyo magistrado titular es Jorge Luis Chávez Tamariz, que lo admitió a trámite y convocó a una audiencia para analizar este pedido el próximo 29 de agosto a las 9 de la mañana.

Se ha solicitado la presencia de los abogados de Luna y representantes del Ministerio Público para que puedan sustentar su posición en contra de lo planteado por el parlamentario que se encuentra bajo indagación porque habría formado parte de una red que se infiltró en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Según la tesis fiscal, los llamados ‘Los Gánsteres de la Política’ habrían comenzado sus funciones cuando interfirieron en el CNM para que se elija a Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE para que ayude con la inscripción del partido Podemos con el fin de que participe en las elecciones municipales y regionales del 2018.

Otros personajes involucrados en la trama e investigados son Fernando Obregón, Óscar Nieves Vela, exabogado de la presidenta Dina Boluarte, Laura Silva Seminario, y Ricardo Pajuelo Bustamante, ex secretario general de la ONPE.

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