Presunta red de pensiones fraudulentas en la ONP generó un perjuicio de S/208 mil al Estado

Una presunta red de pensiones fraudulentas habría operado dentro de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), generando un perjuicio al Estado de S/208.079. La Unidad de Investigación de Latina Noticias identificó siete casos irregulares.

PRESUNTO CABECILLA YA HABÍA SIDO DENUNCIADO

Entre los integrantes de esta organización estaría Christiam Edward Gómez Caballero, un exanalista de Calificación en la Dirección de Producción de la entidad, quien, según la Contraloría General de la República, habría aprobado pensiones de jubilación pese a que los solicitantes no cumplían con los requisitos exigidos por la ley.

La ONP ya había denunciado al exfuncionario ante la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 2024 por otro caso similar, relacionado con cuatro pensiones tramitadas en 2022. Actualmente es investigado por el presunto delito de peculado doloso. La institución informó que Gómez fue destituido, mientras que otros ocho servidores también están implicados en este tipo de casos; de ese número, tres ya fueron separados de sus cargos.

• Emiliana Roque Morales. Pidió su pensión el 16 de junio de 2023. Cuatro días después, Gómez aprobó su solicitud y le reconoció 20 años y seis meses de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. Sin embargo, la documentación contenía una inconsistencia: ella afirmó haber trabajado en la empresa COPAM entre 1974 y 1994, pero la ONP constató que la compañía inició actividades recién en 1979. El perjuicio económico asciende a S/27.412.
• Natalio Román Pérez. Presentó su solicitud el 6 de julio de 2023 y, al día siguiente, Gómez la aprobó, reconociéndole 23 años y cinco meses de aportes. Posteriormente no pudo acreditarse su vínculo laboral y se detectó un presunto certificado falso. Román declaró que un cliente de su pollería le ofreció agilizar el trámite y le cobró S/2.000. El perjuicio asciende a S/27.098 por las pensiones cobradas entre julio de 2023 y enero de 2026.
• Osias Coronel Reynoso, Paula Sánchez Maza, Faviola Vásquez Díaz y Carlos Migichichi Hernández. Entre las inconsistencias halladas en estos cuatro casos figuran un certificado firmado por una persona fallecida y una empresa que negó haber contratado a una de las solicitantes.
• Celso Naveros Jáuregui. Su pensión fue aprobada por otro funcionario, Eduardo Sonoda, pese a que el sistema de la ONP indicaba que estaba afiliado a una AFP privada.

LOS SIETE CASOS IRREGULARES

De las siete solicitudes identificadas por la Unidad de Investigación, seis fueron aprobadas a pesar de carecer de sustento documental. Entre las irregularidades detectadas figuran certificados de trabajo falsos, empresas que negaron haber tenido vínculo laboral con los solicitantes y documentos con información inconsistente. Las resoluciones fueron emitidas en apenas cuatro meses, entre abril y agosto de 2023.

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