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La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) ha solicitado a la Fiscalía iniciar diligencias preliminares por las presuntas irregularidades en la buena pro de obras de alcantarillado en la región Piura.

El pedido de la Procuraduría alcanza a Liz Ivonne Vargas Cárdenas, Franklin Emerson Santos Soto, Humberto Wilmer Flores Albornoz, Qingfen Lin, Martin Alonso Camus Dávila y quienes resulten responsables de los delitos de negociación incompatible y colusión en agravio del Estado.

De acuerdo al documento, la denuncia responde a las presuntas irregularidades en la selección y control posterior de la licitación pública de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en asentamientos humanos de los distritos de Piura y Castilla.

Estos trabajos fueron entregados al Consorcio Piura-Castilla, que conforman la compañía china Tiesiju Civil Engineering Group Co Ltd, con sucursal en Perú, y la empresa JPC Ingenieros SAC. El contrato de la obra ascendía a 561,7 millones de soles.

«La PPEDC solicita se practique diversos actos indagatorios y de investigación que se consideren pertinentes con el objeto de esclarecer los hechos denunciados. Finalmente, reitera su compromiso con la defensa de los derechos e intereses del Estado frente a todo acto de corrupción», mencionaron.

DENUNCIA DE LA MINISTRA DE VIVIENDA

La titular del Ministerio de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, denunció los presuntos actos irregulares cometidos por miembros del comité de selección del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PSNU), el que permitió que este consorcio obtuviera la buena pro el 16 de febrero de este año.

La ministra dispuso la disolución de este comité, el cual se designó durante la gestión de Geiner Alvarado, involucrado en la red de corrupción del Gobierno de Pedro Castillo. Alvarado cumple actualmente prisión preventiva en el penal Ancón II.