El viernes pasado, el abogado Miguel Pérez Arroyo llegó a la sede de la Inspectoría General de la Policía para presentar un recurso de apelación en nombre del coronel Harvey Colchado.
El objetivo era revocar la medida preventiva de separación temporal del cargo de jefe de la Diviac impuesta sorpresivamente el sábado 13 de abril. Colchado tiene tres casos abiertos en la Policía: el primero es el caso de la torta de cumpleaños, el segundo es por el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte y el tercer caso es por una denuncia de abuso de autoridad presentada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
Pérez Arroyo afirma que hay una clara revancha política detrás de las sanciones contra Colchado, quien fundó la Diviac en 2016.
Además del caso de Colchado, la Inspectoría ha iniciado acciones de control contra otros quince miembros de la Diviac que están involucrados en casos sensibles y que resultan incómodos para el gobierno, como el caso de los relojes Rolex y la investigación contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta.
En este informe preparado por el reportero Rodrigo Cruz, se detalla la historia detrás de la arremetida contra Colchado y los miembros de la Diviac, y qué es lo que se teje con el inicio de estas investigaciones en Inspectoría que pueden apartar definitivamente del cargo a su fundador.
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